
Recuperan un sillón que había sido robado por un menor
El hecho ocurrió este lunes.
Fue este lunes por la mañana en calle Biedma al 2825. Era habitado por una empleada policial que mantenía relación con un preso de alto perfil de Piñero. El secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira confirmó que “se le iniciaron los sumarios administrativos y se dispondrá su destitución”.
Policiales08 de julio de 2024El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, llevó adelante este lunes por la mañana el derrumbe de un puesto de venta de estupefacientes sobre calle Biedma al 2825, en la ciudad de Rosario. El inmueble tenía un historial relacionado a bandas delictivas de la ciudad y actualmente era ocupado por una empleada policial que mantenía relación con un preso de alto perfil.
En ese contexto, el fiscal Franco Carbone, detalló que se trató de una investigación “donde pudimos determinar que el inmueble era ocupado por una persona que era empleada policial y que tenía relación con un interno de alto perfil de la cárcel de Piñero”, a lo que agregó respecto al inmueble derrumbado que “es una casa que tiene un historial vinculado a bandas delictivas que en su momento funcionó como centro de operaciones de la banda de Máximo Ariel “Viejo” Cantero. Acá vivía Brenda Barbosa, que era la pareja de Nelson “Pandu” Aguirre. Ellos regenteaban el local Vía Honda y utilizaban este lugar como centro logístico. Aquí encontramos estupefacientes en cuatro allanamientos que hicimos con la Justicia Federal y también aquí se asesinó a una persona”.
Seguidamente, Carbone aseguró que el lugar “tenía como fachada primero un almacén, después kiosco, pero aquí funcionaba la venta de drogas al menudeo desde hace al menos cuatro años atrás. Después esta gente se fue pero siguió funcionando como aguantadero, con ocupantes golondrinas, situación de la que daban cuenta los vecinos, hasta que llegó a vivir la empleada policial, quien tras la audiencia accedió a irse de la fuerza y entregó este inmueble”.
La presencia del Estado
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, Omar Pereira, afirmó que a la empleada de la fuerza policial santafesina “se le iniciaron los sumarios administrativos correspondientes y a la brevedad se dispondrá su destitución”.
A su vez, el funcionario provincial remarcó que este tipo de operativos “es la presencia del Estado con las herramientas que la legalidad le brinda para luchar contra esta problemática de la venta de drogas, de estos búnkeres para lo que la Ley de Microtráfico apunta, a eliminar estos centros de violencia en barrios como este y generan tiroteos, muertes, transformando un barrio tranquilo en un lugar de mucho peligro para la sociedad”, concluyó.
Ley de Microtráfico
El operativo se realizó en el marco de la Ley de Microtráfico, con la cual la Provincia avanza con el derribo e inutilización de puntos de venta de drogas con el objetivo de reducir la circulación de violencia lesiva en sectores de conflicto del territorio provincial, en un trabajo coordinado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia Provincial, la Policía Provincial y con colaboración de los gobiernos locales.
Los derribos de búnkers o puntos de venta de droga son una de las medidas que integran la Ley de Microtráfico que fue aprobada en los últimos días de 2023 por la Legislatura provincial y que establece que los fiscales del MPA deben investigar los delitos de “microtráfico” o “narcomenudeo”, que hasta antes de la reglamentación eran competencia de la Justicia Federal.
De esta manera, se permite la desactivación coercitiva de los puntos de venta minoristas de estupefacientes en el territorio provincial: cuando haya un búnker o una construcción precaria y montada específicamente para el tráfico estupefaciente, con la ley se permite el derribo o demolición forzosa. También, se pretende dilucidar los eslabones superiores en la cadena de comercialización y suministro de estupefacientes, y la desactivación del punto de venta en concreto.
La Justicia Federal persigue la cadena de comercialización, investiga los eslabones superiores del narcotráfico y la intervención provincial es la desactivación directa del punto de venta.
El hecho ocurrió este lunes.
Se trata de Osvaldo Fernández, de 38 años, quien recibió una pena a cinco años de prisión. Las intimidaciones previas a las quemas fueron cometidas con armas de fuego en el barrio La Nueva Tablada. En el marco del legajo, ya habían sido condenados otros dos hombres y tres mujeres. La investigación penal estuvo a cargo de la fiscal María Lucila Nuzzo.
Así fue resuelto a partir de un pedido de la fiscal Rosana Peresín, en una audiencia realizada en los tribunales santafesinos. El imputado tiene 23 años y sus iniciales son BJA. Se le atribuyó haber agredido físicamente a la víctima, a quien además amenazó de muerte.
Así fue resuelto en segunda instancia por el camarista Sergio Alvira.
El ataque ocurrió en Santiago del Estero. Los agresores también golpearon a la víctima mientras estaba en el suelo. Hay un chico de 15 años detenido.
Personal de Brigada Motorizada, detuvo a trapito que golpeó a un hombre por negarse a que le laven su vehículo.
Esta semana concluyen las actividades de verano del Jardín Municipal Nº 3 en el barrio Zazpe, donde cerca de 100 niños, niñas y adolescentes disfrutaron de una variada propuesta que incluyó manualidades, deporte, arte y cuentos, fomentando la participación comunitaria y el aprendizaje en un ambiente festivo y creativo.
El plazo de inscripción se extiende hasta el 9 de marzo. Quienes quieran participar deberán descargar y completar el formulario disponible en el sitio web del Municipio para presentarlo junto con el material fotográfico en San Martín 547.
El ataque ocurrió en Santiago del Estero. Los agresores también golpearon a la víctima mientras estaba en el suelo. Hay un chico de 15 años detenido.
A partir de las altas temperaturas que se registran en estos días, el municipio brinda una serie de recomendaciones que se deben extremar en los grupos de riesgo.
Se trata de un total de 40 agentes de nuestra provincia dotados de equipamiento, que desde el domingo se encuentran en la zona de Junín de Los Andes, provincia de Neuquén.