Fue este lunes por la mañana en calle Biedma al 2825. Era habitado por una empleada policial que mantenía relación con un preso de alto perfil de Piñero. El secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira confirmó que “se le iniciaron los sumarios administrativos y se dispondrá su destitución”.
Policiales08 de julio de 2024
Abril Heredia
El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, llevó adelante este lunes por la mañana el derrumbe de un puesto de venta de estupefacientes sobre calle Biedma al 2825, en la ciudad de Rosario. El inmueble tenía un historial relacionado a bandas delictivas de la ciudad y actualmente era ocupado por una empleada policial que mantenía relación con un preso de alto perfil.
En ese contexto, el fiscal Franco Carbone, detalló que se trató de una investigación “donde pudimos determinar que el inmueble era ocupado por una persona que era empleada policial y que tenía relación con un interno de alto perfil de la cárcel de Piñero”, a lo que agregó respecto al inmueble derrumbado que “es una casa que tiene un historial vinculado a bandas delictivas que en su momento funcionó como centro de operaciones de la banda de Máximo Ariel “Viejo” Cantero. Acá vivía Brenda Barbosa, que era la pareja de Nelson “Pandu” Aguirre. Ellos regenteaban el local Vía Honda y utilizaban este lugar como centro logístico. Aquí encontramos estupefacientes en cuatro allanamientos que hicimos con la Justicia Federal y también aquí se asesinó a una persona”.
Seguidamente, Carbone aseguró que el lugar “tenía como fachada primero un almacén, después kiosco, pero aquí funcionaba la venta de drogas al menudeo desde hace al menos cuatro años atrás. Después esta gente se fue pero siguió funcionando como aguantadero, con ocupantes golondrinas, situación de la que daban cuenta los vecinos, hasta que llegó a vivir la empleada policial, quien tras la audiencia accedió a irse de la fuerza y entregó este inmueble”.
La presencia del Estado
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, Omar Pereira, afirmó que a la empleada de la fuerza policial santafesina “se le iniciaron los sumarios administrativos correspondientes y a la brevedad se dispondrá su destitución”.
A su vez, el funcionario provincial remarcó que este tipo de operativos “es la presencia del Estado con las herramientas que la legalidad le brinda para luchar contra esta problemática de la venta de drogas, de estos búnkeres para lo que la Ley de Microtráfico apunta, a eliminar estos centros de violencia en barrios como este y generan tiroteos, muertes, transformando un barrio tranquilo en un lugar de mucho peligro para la sociedad”, concluyó.
Ley de Microtráfico
El operativo se realizó en el marco de la Ley de Microtráfico, con la cual la Provincia avanza con el derribo e inutilización de puntos de venta de drogas con el objetivo de reducir la circulación de violencia lesiva en sectores de conflicto del territorio provincial, en un trabajo coordinado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia Provincial, la Policía Provincial y con colaboración de los gobiernos locales.
Los derribos de búnkers o puntos de venta de droga son una de las medidas que integran la Ley de Microtráfico que fue aprobada en los últimos días de 2023 por la Legislatura provincial y que establece que los fiscales del MPA deben investigar los delitos de “microtráfico” o “narcomenudeo”, que hasta antes de la reglamentación eran competencia de la Justicia Federal.
De esta manera, se permite la desactivación coercitiva de los puntos de venta minoristas de estupefacientes en el territorio provincial: cuando haya un búnker o una construcción precaria y montada específicamente para el tráfico estupefaciente, con la ley se permite el derribo o demolición forzosa. También, se pretende dilucidar los eslabones superiores en la cadena de comercialización y suministro de estupefacientes, y la desactivación del punto de venta en concreto.
La Justicia Federal persigue la cadena de comercialización, investiga los eslabones superiores del narcotráfico y la intervención provincial es la desactivación directa del punto de venta.
Protagonizaron una persecución de varios kilómetros, disparando contra efectivos y unidades policiales. Uno de los detenidos tenía pedido de captura por una causa de drogas y violencia de género.
El masculino fue identificado como Oscar Ortuño.
Los procedimientos de TOE, PDI y GOT se realizaron en las localidades de Rosario y Alvear, en dónde también se secuestraron armas de fuego, municiones y teléfonos celulares. La causa que tramita el fiscal Socca investiga hechos de incendios y amenazas con el propósito de generar conmoción pública.
Formaron parte una motocicleta y un animal bovino.
Así fue resuelto en segunda instancia por los camaristas Sergio Enrique Alvira, Oscar José Burtnik y Fernando Gentile Bersano. Además, modificaron la calificación legal por la que se impuso la condena. Lo hicieron a raíz de un planteo con perspectiva de género que hizo la fiscal Gabriela Lema, quien tuvo a su cargo la investigación y representó al MPA en todas las instancias judiciales.
Perdieron la vida luego de que la moto en la que se trasladaban chocara contra un camión. Las imágenes del video pueden herir la sensibilidad del lector.
Desde el Sistema Nacional aclararon que se restablecerá la vigencia del beneficio este martes 1 de octubre; mientras tanto, desde la Secretaría de Transporte provincial se notificó a las empresas prestadoras de servicio para que los choferes de las unidades dejen que los usuarios suban a las unidades sin tener que abonar el pasaje.
Rafaela presenta su plan de presupuesto para 2025, priorizando inversiones estratégicas sin crear nuevos tributos. El municipio eliminará tres tasas y reducirá en un 50% ciertas tasas administrativas, apostando por una ciudad más moderna y eficiente, adaptada a las necesidades económicas locales.
Se realizará un conversatorio sobre esta temática el jueves 3 de octubre, desde las 18:30, en el Centro Recreativo Metropolitano “La Estación”. La actividad requiere inscripción previa.
El gobernador presentó el plan de renovación y rehabilitación de redes que beneficiará a más de 1 millón de usuarios en la provincia y demandará una inversión de $ 87.000 millones. “En algunos casos se reemplazará cañería que data de 1889”, marcó Maximiliano Pullaro.
El encuentro permitió abordar los desafíos y las oportunidades del sector, en un contexto de transición.