Diario Primicia
Quedó en prisión preventiva un hombre de 25 años al que se investiga por haber abusado sexualmente de una niña en Sunchales (departamento Castellanos). Así lo ordenó el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Nicolás Stegmayer, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales de Rafaela.
La fiscal Favia Burella está a cargo de la investigación y es quien solicitó que el imputado, cuyas iniciales son JHM, sea privado de su libertad. En tal sentido, valoró que “aunque la Defensa solicitó medidas alternativas, el magistrado hizo lugar a nuestro requerimiento y dispuso la preventiva por todo el tiempo que dure el proceso judicial”.
Los hechos
La representante del MPA afirmó que “el hombre investigado agredió sexualmente a la víctima, quien era su vecina y cursa la última parte de la escuela primaria”, y agregó que “los abusos tuvieron lugar en un complejo habitacional de Sunchales”.
Burella aseguró que “el imputado vulneró la integridad de la niña en reiteradas oportunidades de este año”. En tal sentido, afirmó que “el accionar delictivo tuvo entidad suficiente para alterar el normal desarrollo de la sexualidad de la víctima”.
Peligrosidad procesal
En la audiencia de medidas cautelares, el juez manifestó oralmente su decisión de que el hombre investigado quede en prisión preventiva. “El magistrado consideró acreditada la probable autoría por parte del imputado y contempló que, en virtud de la calificación de los hechos, la pena en expectativa es de prisión efectiva”, precisó la fiscal.
Además, la funcionaria del MPA puntualizó que “el juez también tuvo en cuenta que estaba latente el riesgo de entorpecimiento probatorio, ya que la víctima es una niña extremadamente vulnerable a la que el agresor podría haber manipulado si quedaba en libertad”. Al respecto, explicó que “era necesario evitar cualquier tipo de comunicación entre ellos”.
Calificación penal
Al hombre de 25 años e iniciales JHM se le atribuyó la autoría de abuso sexual con acceso carnal, cometido contra una persona menor de 13 años; y promoción de la corrupción de menores agravada (por la edad de la víctima).
