Investigan un procedimiento encubierto que hicieron policías de la Agencia de Investigación Criminal

El fiscal federal N°1 de Santa Fe, Gustavo Onel, abrió una investigación para determinar qué sucedió con un procedimiento realizado por tres policías de la Agencia de Investigación Criminal que el pasado jueves abordaron e identificaron a dos agentes encubiertos de la Delegación local de la Policía Federal Argentina (PFA) que realizaban tareas de inteligencia sobre una propiedad sospechada de ser un centro de acopio de drogas.
 

Justamente, ese domicilio fue allanado el pasado viernes por uniformados de la PFA y terminó con el hallazgo de once kilos de marihuana, una balanza, cinco celulares y la detención de una mujer con prisión domiciliaria a cumplir en otra vivienda del norte de la ciudad. Se trata de Verónica Larrea, alias “La Mona”, quien se encuentra imputada en una causa de la Justicia provincial que investiga un engranaje criminal que presuntamente cometía usurpaciones y estafas en viviendas de Santa Fe y la región.

 A dos días de aquel procedimiento, el fiscal Onel indaga el desempeño de los policías de la AIC que identificaron a sus pares encubiertos de la federal bajo el argumento -según indicaron fuentes judiciales a AIRE- de que un vecino de la zona llamó a la Central del 911 porque hacía varios días que veía a varios hombres que no eran del barrio y que merodeaban la zona.

Desde la Fiscalía creen que si existió ese llamado al 911 debió arribar al lugar personal de prevención en patrulleros y no un grupo de agentes encubiertos en un auto sin ninguna identificación. El procedimiento, causó una gran inquietud en la fuerza federal, como así también en la Fiscalía, por lo que se generó una fuerte suspicacia que busca ahora, mediante la pesquisa, ser esclarecida.

Domiciliaria irregular
El allanamiento del viernes no solo destapó que en avenida Blas Parera al 6500 funcionaba un centro de acopio de estupefacientes, sino que quien custodiaba esa droga era “La Mona” Larrea, la cual se encontraba con prisión domiciliaria y debía cumplirla en una casa de Cafferata 8800, en zona norte.

 Dicha domiciliaria había sido impuesta en el marco de la causa que impulsan las fiscales Laura Urquiza, Mariela Jiménez y Barbara Ilera, del MPA, las cuales desentramaron a una organización que cometió al menos cinco usurpaciones de viviendas en Santa Fe y la región y cuya cabeza era Juan Pedro “Pato” Calderón, actualmente preso de manera preventiva por esa investigación como así también por el hallazgo de 191 kilos de marihuana que se encontraban en el interior de una vivienda barrio San José (Alberti al 4000) que fue allanada el 2 de junio por agentes de Asuntos Internos.

Por ese hallazgo, Calderón fue procesado por almacenamiento de estupefacientes, agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo”, junto a Javier Fernández (41) y a Lautaro Emanuel Arredondo (26).

 En lo que respecta a Larrea, la mujer fue imputada por “estafas” y “asociación ilícita” en una audiencia en tribunales. Días después, cuando debía definirse si quedaba en prisión preventiva en un establecimiento carcelario, la defensa y Fiscalía acordaron que la acusada transite la causa detenida en un domicilio particular.

 Sin embargo, con la apertura de la investigación de la Fiscalía federal se comprobó que la mujer violó la medida judicial dispuesta en su momento por el juez penal Gustavo Urdiales (de la Justicia provincial) por lo que este lunes la fiscal de Delitos Complejos, Laura Urquiza, solicitó una audiencia para pedir la revocación de la domiciliaria.

El pedido fue realizado ante la Oficina de Gestión Judicial de Primera Instancia de tribunales, organismo que deberá fijar próximamente fecha y hora de la audiencia para tratar el cese de la domiciliaria de Larrea.

Acopio
La lupa sobre Larrea comenzó durante la semana pasada cuando agentes de la Brigada Antinarcóticos de la Delegación Santa Fe de la Policía Federal Argentina (PFA) realizaron distintos trabajos de inteligencia en torno a un inmueble ubicado en avenida Blas Parera a 6500 en donde se encuentra una casa particular y un “lavadero” en desuso.

 Las tareas de inteligencia fueron delegadas por una causa que se inició en la Fiscalía que conduce Gustavo Onel, que tras un cruce de información con el área de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación, estableció que en el domicilio de avenida Blas Parera podría funcionar un centro de almacenamiento de estupefacientes ligado a la organización de Calderón.

Finalmente, el viernes, en horas de la noche, y bajo la autorización del juez federal Reinaldo Rodríguez, los investigadores de la PFA, junto con el grupo de asalto, irrumpieron en la vivienda en donde encontraron 11 kilos de marihuana distribuidos en trece panes. En tanto, hallaron una balanza de precisión y cinco teléfonos celulares, los cuales fueron remitidos a pericia.

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