Diario PrimiciaLa profundización de la crisis económica y la tensión entre la Nación y las provincias por el nuevo recorte de fondos coparticipables impacta también en la obra pública. Las delegaciones de Rosario y Santa Fe de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) reclamaron a los tres niveles de Estado buscar alternativas para evitar una brusca parálisis de la actividad y advirtieron que están en riesgo unos dos mil puestos de trabajo.
Los representantes empresarios se reunieron el viernes por la tarde con los ministros de las áreas de economía y obras públicas de la provincia para analizar la crítica situación. Acordaron allí realizar reuniones quincenales de monitoreo, a las que invitarán a sumarse a representantes del gobernador electo Omar Perotti.
Las empresas constructoras de Santa Fe alertaron sobre la falta de recursos del Estado provincial y los municipios para continuar con el ritmo de obras públicas. Advirtieron que podrían correr riesgo unos 2.000 puestos de trabajo. Y pusieron el foco en el recorte de más de $2.500 millones que sufrirá el Estado santafesino producto de los beneficios fiscales otorgados por el gobierno nacional esta semana profundizaría la ya de por sí compleja situación del sector.
Precisamente, gobernadores de distintas expresiones políticas se reunirán a mediados de semana para analizar el impacto fiscal que tendrá en los Estados subnacionales el improvisado paquete de medidas que lanzó el gobierno nacional de Mauricio Macri después de las Paso. Solo por la suba del mínimo de Ganancias y reducción de impuestos a monotributistas, Santa Fe dejaría de recaudar $2.500 millones. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), la reducción del IVA para un conjunto de alimentos, recortará otros $508 millones a los recursos santafesinos.
Si bien las medidas del Ejecutivo nacional buscan llevar un tardío alivio a los consumidores golpeados por los efectos de las sucesivas devaluaciones que propició, en el actual escenario de grave crisis económica y social, termina impactando sobre el financiamiento de gastos que están en la primera línea de contención en el territorio. Tal es el caso de los salarios públicos y las obras en municipios.
Este escenario ya se había complicado con anteriores decisiones nacionales, como el recorte del fondo sojero y de subsidios al transporte y la energía, así como la falta de pago de deudas que la Nación tiene con Santa Fe. Un caso contemporáneo es el de los $5.800 millones correspondientes convenio bilateral para Caja de Jubilaciones, que el Estado central debería haber girado en el primer trimestre del año. "A Córdoba esos fondos fueron transferidos en 2018", señalaron desde el gobierno de Miguel Lifschitz.
"Esto provoca una creciente deuda flotante que impacta en la actividad, y que se agravó esta semana aún más con la fuerte devaluación del peso", advirtieron los representantes de los constructores, que se mostraron preocupados "por la ejecución de las obras en marcha, y por la baja de las licitaciones, ya que entre el llamado y la efectiva generación de trabajo hay no menos de seis meses".
Los constructores recordaron que, frente a este escenario, el Estado provincial y los representantes del sector consensuaron reducir el ritmo de los trabajos. Pero advirtieron que "eso provoca, de todos modos, un menor flujo no solo de recursos sino también un incremento de gastos indirectos".
Esa ralentización, explicaron, también tiene un impacto directo sobre la mano de obra. "En la actualidad, en el gremio de la construcción (Uocra) trabajan alrededor de 40.000 personas de las cuales 10 mil están vinculados a la obra pública", indicaron. Estimaron que, "por la disminución del ritmo de las obras públicas en marcha y la transición en la gestión que dilatará el lanzamiento de nuevas licitaciones", podría haber un recorte de 2.000 puestos de trabajo en el corto plazo. "Algo que las empresas resisten llevar adelante", señalaron.
Los representantes de las delegaciones de Rosario y de Santa Fe de Cámara Argentina de Construcción (CAC) se reunieron con los ministros de Economía provincial, Gonzalo Saglione, e Infraestructura y Transporte, José Garibay; y de Obras Públicas, Pedro Morini, y los secretarios de Hábitat, Diego Leone, para analizar los números de las obras públicas.
Las partes acordaron reunirse cada dos semanas para hacer "un seguimiento más fino" de la situación. "También se prevé convocar a la mesa a referentes que designe el gobernador electo Omar Perotti", indicaron.
Los constructores pedirán, también, a los legisladores nacionales y candidatos a diputados "que colaboren en las gestiones frente al gobierno nacional para que gire los recursos de la provincia".
Fuente: UNO Santa Fe
