Así fue dispuesto a pedido del fiscal Julián Cochero, en una audiencia desarrollada en los tribunales de Melincué. El imputado era la máxima autoridad del predio en el que debían estar los repuestos comercializados ilegalmente. La investigación comenzó a partir de que se detectaron indicios de la conducta delictiva en una escucha telefónica analizada en el marco de otro legajo penal.
Policiales13 de junio de 2024
Abril Heredia
Quedó en prisión preventiva un jefe policial al que se investiga por la venta de autopartes provenientes del depósito judicial de Santa Emilia, en Hughes (departamento General López). El imputado tiene 50 años, sus iniciales son CLB y era la máxima autoridad del predio en el que debían estar los elementos que fueron comercializados ilegalmente.
La medida cautelar fue ordenada por la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Silvina Marinucci, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales de Melincué.
El fiscal Julián Cochero está a cargo de la investigación y es quien solicitó que el uniformado investigado transite el proceso judicial en preventiva. En tal sentido, valoró que "aunque la Defensa propuso alternativas no privativas de la libertad y ofreció una motocicleta como caución real, la magistrada lo consideró insuficiente para mitigar los peligros procesales".
Allanamiento en Wheelwright
El funcionario del MPA indicó que "los martes 16 y 23 de abril y el viernes 3 de mayo de este año, el imputado sustrajo autopartes, vehículos y accesorios automotores que estaban en el depósito judicial del cual él era el jefe". En tal sentido, remarcó que "llevó a cabo su accionar ilícito en momentos en los que debía cumplir sus funciones públicas".
"Los elementos faltantes en el predio policial fueron secuestrados el viernes pasado en un allanamiento realizado en la vivienda del hombre investigado, ubicada en Moreno al 1.100 de la localidad de Wheelwright (departamento General López)", precisó el fiscal. "Tal procedimiento estuvo a cargo de la Agencia de Control Policial de Venado Tuerto", especificó.
Según afirmó, "es claro que el imputado se dedicaba a la comercialización ilegal de repuestos provenientes del depósito judicial". En tanto, puntualizó que "el hombre de iniciales CLB había sido asignado en ese predio como reemplazo de uniformados a los que también se investigó por irregularidades en el ejercicio de sus tareas".
Investigación
Cochero detalló que "la investigación se inició a partir de que la Policía de Investigaciones (PDI) de Melincué detectó indicios de la venta de autopartes en una escucha telefónica analizada en el marco de otro legajo penal".
"A través de una línea telefónica que utilizaba habitualmente, el imputado se contactó con diferentes clientes a los que les brindó precisiones sobre los elementos que ofrecía a la venta y coordinó entregas a cambio de dinero", señaló el representante del MPA.
Calificación penal
Al policía de 50 años se lo investiga como autor de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y delitos contra la administración pública (peculado).
Se le impuso una pena de tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos. La fiscal que representó al MPA en la audiencia fue Lorena Korakis.
Así lo resolvieron por unanimidad los camaristas Sebastián Creus, Bruno Netri y Roberto Reyes, quienes además rechazaron los agravios planteados por la Defensa. El condenado es Emanuel César S. y tiene 35 años. Cometió los ilícitos durante la infancia y la adolescencia de las víctimas. La fiscal que estuvo a cargo de la investigación y representó al MPA en la audiencia de apelación es Favia Burella.
Un siniestro de gravedad se produjo en el Río Parana en la fiesta "Malibú".
Fue durante uno de los controles de rutina que se realizan. Detuvieron a tres personas oriundas de Corrientes que se dirigían a Rosario.
Se trata de dos departamentos del Fonavi de Grandoli, en la zona sur de la ciudad, relacionados a la venta de estupefacientes. Su inactivación se da en el marco de la Ley de Microtráfico. Los regenteaban allegados a narcos presos, uno de los cuáles ordenó balear un colectivo tiempo atrás como reacción a las condiciones de detención a las que está sometido.
Pese a que hicieron la denuncia, reclaman que la fiscalía no autoriza el allanamiento para rescatarlo.
En la sesión de este jueves, la concejal Valeria Soltermam presentó un proyecto de resolución, solicitando a las autoridades provinciales que los 80 cadetes que egresan este año de la Escuela Regional de Policía de Rafaela, queden en la ciudad y el área de la Unidad Regional V, prestando servicios.
La ruptura del bloque oficialista no tardó en hacer visible sus consecuencias. Rápido de reflejos, el bloque integrado por Caruso, Senn, Racca y Soltermam hizo valer posición logrando escalonar la actualización de la UCM y retrotraer varios de los aumentos tributarios con los que contaba el proyecto original enviado por el Intendente.
Así lo manifestó el gobernador al participar de la apertura de las 8 ofertas económicas de la licitación de la primera etapa del programa de gasificación, que contempla la conexión de 45 localidades al gas natural con una inversión inicial de $196.414.502.000.
El producto no está autorizado. Desde el organismo se prohibió la tenencia, el fraccionamiento, el transporte, la comercialización y su exposición en todo el territorio provincial.
La concejal María Paz Caruso solicitó a la empresa Aguas Santafesinas y en su defecto al Municipio a través de los mecanismos legales, el desmalezado y limpieza del predio ubicado en las calles Estanislao del Campo y Los Robles hasta tanto se reinicie la construcción del Centro de Distribución Sudoeste. También solicitó informes sobre el avance de la obra que permitirá mejorar la prestación del servicio en el sector.