Micaela Oviedo
La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputadas y Diputados recibió a miembros del colectivo travestis-trans en una reunión de trabajo para tratar el proyecto de ley de reparación histórica por las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidos en democracia por las fuerzas de seguridad en el territorio santafesino contra integrantes de esta comunidad. “Es un avance como sociedad. La comunidad travesti-trans sufrió durante años la represión estatal y es momento de empezar a repararlo para poder pensar en un futuro mejor”, dijo Joaquín Blanco.
“Se trata de una ley necesaria y está acompañada por la gran mayoría de los bloques que conformamos la Cámara de Diputados. Desde el bloque socialista siempre estuvimos comprometidos con esta lucha y expresamos desde un primer momento la importancia de consolidar este tipo de políticas que tomaron mucha fuerza particularmente en la gestión de Miguel Lifschitz”, agregó.
“Recordemos que Santa Fe, en el año 2018, fue el primer Estado en América Latina en entregar un reconocimiento de reparación histórica a una integrante de la comunidad trans sobreviviente de la última dictadura”, recordó el diputado.
El proyecto, autoría de la diputada Matilde Bruera, establece una pensión mensual no contributiva, con carácter vitalicio, equivalente a la suma de dos veces el haber mínimo de pensión vigente en la Provincia de Santa Fe, a toda persona travestis-trans que acredite que durante el período comprendido entre el 10 de diciembre de 1983 y el 10 de junio del 2010, haya sufrido privaciones de su libertad en forma sistemática, como consecuencia del accionar de las fuerzas de seguridad por motivos de su identidad de género.
“Las compañeras que venimos trabajando arduamente en este proyecto nos sentimos muy agradecidas por el cálido recibimiento de la comisión. Además, pudimos poner sobre la mesa nuestras problemáticas y las vivencias que hemos sufrido por la sistemática persecución policial y los códigos de falta a nivel provincial. Esta reparación es tan importante porque salva vidas. Tenemos que crecer en sociedad y tiene que crecer la democracia”, expresó Karla Ojeda, representante de la comunidad.
Acorde a los registros, esta ley beneficiará a unas 150 personas. “Si bien entendemos que no repara todos los daños, es un reconocimiento estatal para quienes durante muchos años fueron víctimas en democracia de la violación de derechos humanos. Esperamos obtener media sanción en Diputados durante el mes de junio”, finalizó el legislador socialista.
