Gitanos estafadores: Se condenó a prisión a 9 personas y debieron pagar más de 15 millones de pesos

        Una asociación ilícita interprovincial desarticulada; sus nueve integrantes condenados; 11.744.299 pesos pagados en concepto de reparación a las víctimas, multas y donaciones y el decomiso de tres vehículos cuyos valores de mercado suman un total de 3.700.000 pesos. Esos son los resultados de la investigación que llevó adelante la fiscal de Delitos Complejos, María Laura Urquiza, a una organización criminal que cometía estafas telefónicas y cuyos integrantes son gitanos con domicilio en Santa Fe, Corrientes y Misiones.

            “La investigación comenzó en 2019 y permitió desbaratar la banda que tuvo 14 víctimas, todas en la provincia de Santa Fe”, informó la fiscal. En tal sentido, precisó que “las nueve condenas fueron impuestas en el marco de juicios en los que se abreviaron los procedimientos”.

            También detalló que “del total de 15.444.299 pesos pagados por los nueve condenados, 9.544.500 pesos fueron en concepto de reparación a las víctimas, a quienes ya se les devolvió el dinero”. Asimismo, subrayó que “1.263.333 pesos fueron en concepto de multas y 936.466 pesos fueron donados dependencias de la policía provincial y del Organismo de Investigación (OI)”.

            Por último, señaló que “los 3.700.000 pesos restantes corresponden al valor de mercado de una camioneta Ford Ranger; un Volkswagen Gol Trend y un Renault Clio. Los tres vehículos fueron secuestrados a los condenados, se decomisaron y quedaron a disposición de la Agencia de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD)”.

Los condenados

            Dos de los nueve condenados son de apellido Miguel (Diego de 34 años y Roberto Sebastián de 40) Por su parte, otros cuatro son de apellido Traico (Marcelo Jesús de 34 años; Alejandro Darío de 39; Andrés de 61 y Pablo de 31)

            Los otros tres condenados son Yanero Demetrio Costiche –alias “Bebe”– de 27 años; Roberto Iancovich de 42 años y Adolfo Miguel Juan de 34 años.

            Diego Miguel –con domicilio en Posadas, Misiones– fue condenado por ser el organizador de la asociación ilícita; por la coautoría de diez estafas y por la coautoría de tres tentativa de estafas. Se le impusieron cinco años de prisión de cumplimiento efectivo.

            Las otras ocho personas fueron condenados a tres años de prisión por haber sido miembros de la asociación ilícita; por la coautoría de estafas reiteradas y por la coautoría de tentativas de estafas. A una de ellas se le impuso la pena de cumplimiento efectivo, mientras que a las siete restantes fue condicional.

Estafas telefónicas

            “La asociación ilícita que integraban los condenados tenía carácter estable, permanente y organizada y cometió estafas telefónicas en las ciudades de Santa Fe, San Justo y San Javier”, puntualizó Urquiza.

            Acerca de la modalidad delictiva, la funcionaria del MPA explicó que “los integrantes de la organización se comunicaban con las víctimas -generalmente de avanzada edad- y simulaban ser una persona de su entorno familiar o un empleado de un banco”. Al respecto, añadió que “las engañaban y mediante ardides las hacían caer en error”.

            Urquiza indicó que “las excusas con las que concretaban las estafas eran diversas” y agregó que “les decían a las víctimas que si tenían dólares guardados, perderían valor. En tal sentido, las engañaban para que cambiaran los billetes porque –según les decían– saldrían de circulación o se impondría un corralito bancario”.

            La funcionaria del MPA continuó explicando que “los miembros de la asociación les manifestaban a las víctimas que otra persona se encargaría de retirar el dinero de sus viviendas”. Y especificó que “una vez que las convencían del engaño, les decían que no cortaran la comunicación telefónica, seguían dialogando con ellas y, mientras tanto, otras personas retiraban el dinero en el lugar en el que estaban las víctimas”.

Sin documentos

            La fiscal Urquiza reconoció que “además de la complejidad de una investigación de este tipo, la tarea se hizo más difícil a raíz de que los condenados se comunicaban entre ellos en lengua romaní cuando planificaban y ejecutaban los ilícitos. Por eso, la información obtenida de las escuchas telefónicas fue muy escasa”. Asimismo, remarcó que “no tenían documento y fue muy difícil corroborar su verdadera identidad”.

            “Por eso es que en el marco del juicio que se hizo con cada uno de los condenados se estableció que ‘en caso de no poseer documento nacional de identidad, se estipule que en el plazo máximo y perentorio de seis meses deberá efectuar el correcto registro e identificación de su identidad ante el Registro Nacional de las Personas, acreditando su efectiva realización en la carpeta judicial’”, finalizó la fiscal.

Oficina de Prensa y Difusión MPA