Paraná: imputan a 13 personas por rituales perversos con violaciones de niños

La separación de sus padres fue el inicio del infierno que tres hermanos vivieron desde muy chicos. Estaban viviendo en otra provincia por razones laborales del padre, y regresaron junto a la madre, a vivir en la casa de sus abuelos, ubicada en una localidad del departamento Paraná. Desde que tenían cuatro o cinco años hasta la preadolescencia fueron abusados sexualmente por la madre, los abuelos y el tío con su novio, en rituales sádicos y perversos a los que invitaban a varias personas más.

Esto es lo que se describe en la causa que se inició con una denuncia en 2013. El expediente había quedado guardado inexplicablemente hasta que hace dos años la fiscal Laura Cattáneo reactivó la investigación, advirtió que lo que les había sucedido a esos chicos había sido aún peor, y amplió la imputación a otras personas de la ciudad, entre ellos dueños de propiedades y comerciantes.

En total son 13 los acusados por corrupción de menores y en agosto el juez Gustavo Maldonado recibirá y evaluará el expediente para resolver si los procesa y envía a juicio.

La crueldad en 20 fojas

El abuelo paterno de las víctimas, que vivía en Paraná, había sido quien comenzó a hablar con sus nietos al observar conductas extrañas y así descubrió lo que sucedía desde varios años atrás. El 23 de julio de 2013, el padre de los tres chicos, integrante de una fuerza nacional, se presentó en la Fiscalía para denunciar lo que estaban sufriendo sus hijos.

La entonces fiscal, Cecilia Bértora, dispuso una serie de medidas, principalmente las declaraciones de las tres víctimas en cámara Gesell y los peritajes psicológicos a las mismas.

Así se pudo establecer que el mayor de los niños comenzó a ser abusado sexualmente en 2005 cuando tenía cinco años. Los sometimientos se prolongaron al menos hasta que tuvo 11. La segunda víctima es la hermana, que al momento de comenzar a ser abusada sexualmente también tenía cinco años. Las violaciones se iniciaron en 2006 y se prolongaron hasta 2011, cuando la nena cumplió 10 años. La más chica tenía cuatro años cuando comenzó a ser abusada con tocamientos, ya que según quedó plasmado en el expediente la estaban iniciando para las violaciones, hasta que se radicó la denuncia.

La descripción de los hechos en la imputación de la Fiscalía tiene 20 fojas, y van desde violaciones hasta rituales sexuales en los que sometían de diversas formas a los menores. En esos actos perversos participaron, según la acusación, los mencionados familiares así como otras personas que eran invitadas, como reconocidos comerciantes de la ciudad cercana a la capital provincial. Fuentes judiciales consultadas por UNO aseguraron que los abusos eran constantes.

Los lugares donde sucedieron las violaciones son dos: la casa de los abuelos maternos y el departamento del tío (hermano de la madre), viviendas que se encuentran en la misma ciudad.

En los rituales se alcoholizaban y consumían estupefacientes y los niños eran ofrecidos a los invitados que los violaban.

Por el estancamiento de la causa, el hombre que comenzó a indagar lo que le pasaba a sus nietos e impulsó la denuncia, falleció hace un tiempo y no llegó a saber si se haría justicia. Había sido una gran contención para los niños al inicio del proceso judicial,

No querían volver

Según pudo determinar UNO, antes de que comenzaran los abusos, el padre de los menores fue trasladado a otra provincia por su trabajo, y se mudó junto a toda la familia. Los chicos manifestaban que no querían viajar a la ciudad de origen a visitar a sus abuelos maternos. Expresaban su rechazo, pero igual viajaban.

Tras unos años de convivencia en el nuevo hogar, la pareja se separó y la mujer regresó a vivir a Paraná con sus tres hijos. Por la distancia, los chicos podían visitar a su padre solo durante las vacaciones.

En esas visitas le decían que no querían volver, pero jamás le revelaron los motivos concretos. Hasta que fue el abuelo paterno quien logró quebrar el silencio que siempre buscan imponer los abusadores en sus víctimas.

Tras aquella denuncia del padre de los chicos, fueron procesados los cinco familiares sindicados. Un exjuez de instrucción de Paraná, jubilado del Poder Judicial, como abogado defensor, presentó un pedido de prueba que lo único que logró fue trabar la causa que poco a poco fue feneciendo hasta pasar al archivo. Esto, pese a que las declaraciones en cámara Gesell y otras pruebas concretas dejaban en claro que los chicos fueron violados y ultrajados.

Desde cero

En septiembre de 2017 la fiscal Laura Cattáneo recuperó el expediente y comenzó a analizar las pruebas que había. Tras analizar las declaraciones de las víctimas en cámara Gesell y estudiar los informes médicos y de los equipos técnicos que intervinieron, pidió al juez Gustavo Maldonado que se declare la nulidad de todo lo actuado porque el caso era más grave de lo que se planteaba.

Fuentes vinculadas a la investigación contaron a UNO que Cattáneo consideró que la cantidad de procesados debía ser más amplia. Es así que le ordenó a la Policía de Entre Ríos determinar las identidades de las personas que eran nombradas por los niños en la cámara Gesell. Efectivos de la fuerza de seguridad, con los datos aportados por los menores, lograron individualizar a los demás violadores que ahora están siendo sometidos a proceso.

Maldonado aceptó que se comience desde cero con la instrucción de la causa, y esto derivó en que ahora ya no son solo cinco los imputados sino 13 personas, entre hombres y mujeres. Hay elevadas posibilidades de que todos sean procesados, ya que existiría el grado de sospecha suficiente como para que todos sean sometidos a un juicio oral: tanto el clan perverso como los invitados a sus rituales.

Señalados

El lunes pasado se realizó una rueda de reconocimiento de las personas que participaron de los abusos sexuales (no los familiares sino los invitados). En las mismas intervinieron algunos comerciantes y dueños de propiedades de la localidad. La medida, según supo UNO, consolidó la acusación pública; es decir, las víctimas los señalaron detrás del vidrio espejado.

Además hay personas de Paraná que también están citadas en la causa como participes de los rituales donde violaban a los menores, por lo que se cree que el número de imputados podría ser aún mayor, lo que hace cada vez más difícil de imaginar el infierno que vivían los chicos.

El juez Maldonado tiene el expediente con el requerimiento de la fiscal. En agosto tiene que decidir si dicta el procesamiento (o el sobreseimiento o falta de mérito) y si eleva la causa a juicio. En tal caso, cabe aclarar que de las 13 personas imputadas hasta ahora, solo 12 podrán ser juzgadas ya que la abuela de los menores fue declara “insana”. Cabe remarcar que la causa se tramita con el anterior Código Procesal Penal provincial, ya que la denuncia fue en 2013 y el actual CPP, que acelera los tiempos de las causas, comenzó a regir en Paraná recién en 2014.

El delito por el cual imputaron a los familiares de las víctimas son Abuso sexual reiterado y Corrupción de menores reiterados, ambos con los respectivos agravantes, mientras que los terceros involucrados están sindicados como autores del delito de Corrupción de menores reiterado.

El destino errático de los hermanos tras las denuncias

El rol que ha tenido el Estado en la intervención para la protección de los menores ha sorprendido a quienes hoy observan las decisiones que tomaron los responsables de definir la guarda de los chicos.

Luego de que se radicara la denuncia en 2013, los dos hermanos mayores que habían sido abusados, fueron entregados a su padre en guarda, mientras que la nena más chica quedó con su madre, pese a la gravedad de la denuncia y de los hechos que se habían acreditado en los testimonios de las víctimas.

Tiempo después, los dos que estaban con su papá lo denunciaron por violencia. Es por ello que el Estado los otorgó en guarda a una hermana de 18 años, que no vivía con los padres y no fue víctima de abusos.

Cuando la joven de solo 18 años recibió a sus dos hermanos que habían sufrido abusos, estos tenían 16 años y severos problemas de conducta por la falta de acompañamiento y de la asistencia necesaria por parte de los organismos correspondientes del Estado provincial.

Se sabe que el Estado siempre trata de mantener un vínculo de los menores con algún integrante de sus familias, antes que los mismos sean alojados en un hogar, institucionalizados. Pero en este caso, ante la gravedad de los hechos, hay profesionales que intervienen que advierten que quienes intervinieron con los hermanos deberían haber evaluado si correspondía hacer cargo a una chica de 18 años de sus dos hermanos de 16.

Fuente: UNO Santa Fe