Audiencia decisiva para liberar pagos a los bonistas de los canjes

Tras el acuerdo por la deuda entre el Gobierno y Paul Singer, los abogados de la Argentina y de los fondos buitre NML y Aurelius Capital, líderes de la ofensiva judicial contra el país, volverán a verse hoy en el tribunal del juez Thomas Griesa para la última disputa judicial de la "saga pari passu": el futuro de las medidas cautelares o injunctions.

Esas medidas le impiden a la Argentina realizar pagos a los bonistas que aceptaron los canjes de deuda de 2005 y 2010 durante los últimos dos años, y forzaron la negociación con los acreedores que rechazaron esas ofertas, entre ellos, los fondos buitre, a los que les brindó una posición de fortaleza en la mesa del mediador, Daniel Pollack.

La Argentina le ha propuesto a Griesa que levante para siempre esas medidas cautelares bajo dos condiciones: que el Congreso derogue las leyes cerrojo y de pago soberano, y el gobierno de Mauricio Macri cancele todos los acuerdos cerrados hasta ayer. Griesa ya firmó una orden "indicativa" aceptando ese plan. Hoy se prevé que firme otra orden, propuesta ayer por los abogados de la Argentina, que lo ponga en marcha.

Con la orden en la mano, el Gobierno tiene previsto avanzar en la colocación de deuda para pagar los acuerdos ya alcanzados con los holdouts, además de arreglar el 15 por ciento de los reclamos restantes aún en la mesa de Pollack.

Negociación

El plan de la Argentina cuenta con el respaldo de los fondos y los bonistas que ya acordaron. Es lógico: necesitan que Griesa firme esa orden para poder cobrar. Pero NML, a pesar de haber llegado a un acuerdo, aún tiene reparos con ese plan. Otros fondos y bonistas minoristas también se oponen a que se levanten las cautelares, a sabiendas de que eso los dejaría en una posición mucho más débil para acordar con el país.

El principal abogado del fondo de Paul Singer, Robert Cohen, presentó ayer un escrito en el tribunal de Griesa luego de que se anunció el acuerdo pidiendo nuevas condiciones para levantar las cautelares. La primera condición es que se rechace como fecha límite el 29 de febrero. El segundo punto es que se especifique que si "los demandantes líderes terminan su acuerdo con la Argentina antes o el 14 de abril [...], las medidas cautelares seguirán vigentes", y la tercera es que se "mantengan las medidas cautelares a favor de todos los demandantes que no aceptaron la oferta argentina del 5 de febrero".

Cohen se quejó de que la orden pedida por la Argentina es "legalmente problemática" y "demorará el proceso de acuerdo por muchos meses o años".

"Los demandantes líderes quieren ver su acuerdo con la Argentina consumado lo antes posible, no potencialmente retrasado por litigios, como la moción de la Argentina ante este tribunal, que distrae y desvía la atención lejos del proceso de acuerdo", justificó Cohen.

Dado el papel que las medidas cautelares juegan en las negociaciones, cualquiera que sea la decisión que tome Griesa, será apelada, ya sea por la Argentina, por NML o por algunos de los acreedores que aún no llegaron a un acuerdo con el Gobierno. La orden de la Argentina prevé un stay automático de dos semanas para permitir apelaciones.

Cohen atacó de manera particular la fecha límite del 29 de febrero. Dijo que ese tope, contemplado en el cronograma que la Argentina le propuso a Griesa, es "contraproducente e innecesario". NML se ha quejado de que esa fecha reviste un "ultimátum judicial" a la oferta de la Argentina del 5 de febrero: una vez que la Argentina pague los acuerdos cerrados hasta esa fecha, y ya sin las cautelares de por medio ni "default técnico", cualquier demandante que no haya acordado no tendrá más remedio que acceder a la oferta tal y como la presentó el Gobierno para poder cobrar.

Por eso, la decisión que tome Griesa será particularmente relevante para los fondos me too y los bonistas minoristas que aún no han acordado con el Gobierno y que están dentro del 15% de reclamos aún sin acordar de los 9000 millones de dólares en la mesa de Pollack.

Fuente: La Nacion