Hidrovía: Santa Fe impulsa junto a Nación un esquema de control eficiente y con fuerte respaldo productivo

Con una posición firme en defensa del sistema productivo regional, la Provincia de Santa Fe marcó el ritmo de las definiciones sobre el futuro esquema de fiscalización de la Vía Navegable Troncal. En el marco de las reuniones para conformar el nuevo órgano de control de la Hidrovía, funcionarios provinciales ratificaron la hoja de ruta trazada por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, que le da protagonismo provincial real y rechazo absoluto a la burocracia ineficiente.

Puccini destacó que “Santa Fe tiene que tener un protagonismo real en la vía troncal, y esa postura es la que dejamos en claro en cada oportunidad. Apoyamos este proceso licitatorio desde el primer día y seguiremos presentes en cada etapa, con la premisa innegociable de proteger los intereses de nuestra provincia”.

El subsecretario de Transporte y Logística, Jorge Henn, ratificó la hoja de ruta trazada. “La experiencia demuestra que, sin información, el control se vuelve meramente formal. Por eso, Santa Fe propone centrar la discusión en qué información se produce, cómo se mide y cómo se gestiona”, sostuvo Henn durante el encuentro en la Ciudad de Buenos Aires. El funcionario santafesino fue categórico al señalar que el objetivo es construir capacidades reales de control que se traduzcan en una reducción de costos logísticos y una mejora directa en la competitividad de los puertos santafesinos.

Liderazgo Federal y Consenso Productivo

La mirada de Santa Fe logró aglutinar el apoyo de los principales usuarios del sistema. Entidades de peso nacional como la Unión Industrial Argentina (UIA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Ciara-CEC y la Cámara de Puertos Privados, entre otras, coincidieron con la delegación santafesina en la necesidad de un Consejo de Control robusto y con alta capacidad técnica.

La postura de la Provincia, que fue recibida y validada por el titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), Iñaki Arreseygor, se basó en tres pilares clave. En primer término, rechazar la burocracia costosa, evitar la creación de órganos formalistas que agreguen capas administrativas y gastos al sistema. Segundo, gobernanza de datos, y para ello exigir que la autoridad de aplicación brinde información técnica constante para que el Consejo pueda formular propuestas basadas en evidencia y no en disputas políticas. En tercer término, protagonismo ribereño. Esto es, reafirmar que la participación de provincias como Santa Fe, Chaco, Entre Ríos, Formosa y Misiones debe ser vinculante para garantizar un desarrollo federal.

Desde Santa Fe se sostiene que el federalismo debe ser operativo, y por eso se planteó formalmente que la Secretaría Ejecutiva del órgano de control tenga su sede en la ciudad de Rosario. Esta localización es estratégica para garantizar que la fiscalización ocurra allí donde se genera el mayor movimiento logístico del país.

Seguridad y Control Ambiental: Un eje no negociable

Finalmente, la delegación santafesina remarcó que el nuevo órgano de control no debe limitarse únicamente a la fiscalización de las obras de dragado. Se planteó la necesidad de que exista una colaboración directa sobre las condiciones de seguridad del sistema troncal. En este sentido, Santa Fe propuso integrar formalmente a la Prefectura Naval Argentina y a equipos técnicos especializados para garantizar que la operatividad de la vía navegable sea segura  y cumpla con las exigencias internacionales que demanda el comercio exterior moderno.

Con el respaldo de organismos técnicos regionales y universidades nacionales, Santa Fe se consolida como el garante de que la futura concesión privada -prevista para mayo- cumpla con los estándares de inversión y calado que el campo y la industria necesitan. Al cierre de la jornada, hubo coincidencia entre los presentes con la premisa santafesina de “hacer con eficiencia y sin estructuras costosas”, como el criterio rector para la conformación del organismo que custodiará la salida de más del 80 % de las exportaciones de granos del país.