Diario Primicia
Mientras cientos de familias rafaelinas siguen esperando por cloacas, el gobierno avanza en silencio con una cárcel millonaria. El cuarto módulo de la planta cloacal está frenado y hay barrios que siguen usando pozos. ¿Cuál es la prioridad?
La obra de una nueva cárcel en Rafaela, valuada en más de 25.000 millones de pesos, empieza a generar ruido. No solo por el impacto que puede tener en la ciudad, sino porque mientras tanto, cientos de familias en barrios enteros siguen sin acceso a cloacas, dependiendo de pozos ciegos o desbordes que afectan directamente su salud y calidad de vida.
Hoy la planta cloacal necesita un cuarto módulo para completar su capacidad y brindar el servicio a toda la ciudad. Esa obra, prioritaria para el ambiente y la salud pública, hoy está totalmente detenida.
En lugar de avanzar con eso, el gobierno impulsa una cárcel que ningún vecino pidió, y que se viene rechazando desde hace décadas.
La pregunta es simple:
¿Por qué el Intendente Viotti gestiona fondos para una cárcel y no para terminar las cloacas?
¿No es más urgente darle dignidad a las familias que viven en barrios sin esta obra tan importante para la salud?
Todo esto se da además sin información pública clara, sin diálogo con los barrios involucrados, y con decisiones que parecen más improvisadas que planificadas. Lo que si han hecho es confundir al vecino diciendo que con la cárcel bajarían los delitos, lo cual no es así.
¿Qué pasa con los fondos? ¿Con las prioridades? ¿Con el sentido común?
Rafaela vuelve a enfrentar un dilema clásico: las decisiones se toman lejos de los barrios y sin escuchar a la gente.
