Diario PrimiciaLa deuda pública durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri creció en 74.000 millones de dólares, equivalente a un 71 por ciento del Producto Bruto Interno (con la metodología de promedios móviles) y un 31 por ciento mayor a la que dejó el gobierno de Cristina Kirchner. Así lo informó ayer el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, quien fue el encargado de presentar el balance económico de la gestión y la herencia económica que le quedará a Alberto Fernández.
En un repaso de los datos económicos más salientes, Lacunza también reconoció que el 83 por ciento del crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) fue utilizado para pagar deuda en moneda extranjera, contraída durante los últimos tres años.
Según la explicación que dio el funcionario, la deuda pública durante la gestión macrista se incrementó un 31 por ciento (por encima del 21 por ciento que había aumentado entre 2011 y 2015) y llegó a 240 mil millones de dólares. Para Lacunza, "es el resultado de la inercia del déficit del pasado".
Sin embargo, en Hacienda no se mostraron alarmados por estos niveles. Para Lacunza se trata de un problema "de liquidez más que de solvencia".
De hecho si estos datos se ponen en contexto, los resultados son otros. El economista de Fundación Pueblos del Sur, Esteban Guida, aseguró en una nota con La Capital, que el déficit acumulado entre 2009 y 2015 _durante la gestión de Cristina_ fue de 65 mil millones de dólares, y el déficit acumulado entre 2016 y 2018 (solo tres años) de 82.700 millones de dólares. Pero además, aclaró que "el déficit fiscal del gobierno anterior al tener cerrado el mercado de capitales fue financiado principalmente con deuda interna de organismos del Estado", mientras que en el caso de Cambiemos "mayoritariamente fue deuda externa".
En ese punto, Lacunza ayer también hizo referencia al destino de ese endeudamiento. Señaló que de los 42.382 millones de dólares girados por el FMI a la Argentina, se usaron 35.344 millones (83 por ciento del total) para cancelar servicios de la deuda pública en moneda extranjera. Además, para servicios de deuda en moneda nacional fueron necesarios 6.072 millones de dólares (14 por ciento).
Por otra parte, a la hora de repasar la herencia económica, Lacunza reconoció que "los resultados de la actividad económica en este período han sido inferiores a los esperados", reconoció Lacunza y señaló que "hubo contracción en tres de los cuatro años" de gobierno.
Sin embargo, desde Hacienda consideraron que dejan "bases sólidas" para el gabinete de Alberto Fernández, el cual consideran, "deberá encarar el tema de la deuda" cómo primer eslabón de gestión.
Los números muestran una foto del impacto de la política económica de Macri en las condiciones de vida de los argentinos. "En términos de bienestar la actividad económica estuvo en recesión tres de cuatro años, la pobreza subió al 35 por ciento y la inflación, de un inicial de 30 por ciento anual, va a terminar en un 55 por ciento", admitió el funcionario.
"Sin embargo, una mejor configuración macroeconómica (equilibrios gemelos) permitirá un descenso paulatino pero sostenible de la tasa de inflación", pronosticó.
En el repaso de las metas alcanzadas destacó que "el déficit primario bajó de 3,8 por ciento del PBI en 2015 a un proyectado de 0,5 por ciento en 2019 mientras que el déficit financiero pasó de 5,1 por ciento al 3,8 por ciento en el mismo período".
"El esfuerzo fiscal realizado es aún mayor, ya que a partir de 2016 el Estado nacional perdió recursos por el fallo de la Corte Suprema que restituyó a las provincias el 15 por ciento de la masa coparticipable que se transfería a la Ansés (equivalente a 0,9 por ciento del PBI hasta 2019)", agregó Lacunza en el balance.
El trabajo destaca que "la mejora del resultado fiscal se obtuvo aun cuando la presión impositiva se redujo en un monto equivalente al 3 por ciento del PBI, del 31,5 por ciento al 28,4 por ciento del PBI".
En materia de deuda externa, Lacunza remarcó que para el año 2020, deberán afrontarse vencimientos de capital del orden de u$s 28.000 millones tomado con el sector privado y organismos multilaterales, sin incluir intereses ni los compromisos con organismos como el Banco de la Nación o el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).
Fuente: La Capital
