Metrogas y Gas Natural Ban pidieron incrementos tarifarios de hasta 33%

Las dos distribuidoras de gas más grandes del país, Metrogas y Gas Natural Ban, solicitaron este miércoles en audiencia pública incrementos tarifarios de hasta el 33% al comprometer inversiones por más de 16.000 millones de pesos, lo que aseguran podrán ampliar la cobertura del servicio y mejorar la calidad del mismo, en términos que fueron cuestionados por los defensores del pueblo y las asociaciones de consumidores.

La audiencia que se realizó en el campus de la Universidad Católica Argentina, en el barrio porteño de Puerto Madero, cerró la serie de cuatro jornadas para la revisión tarifaria de las dos empresas transportadoras y nueve distribuidoras de gas que operan en todo el país, para el análisis de costos y requerimientos de inversiones para los próximos cinco años.

En la jornada de hoy, el gerente de Tarifas y Análisis Comercial de Metrogas, la principal distribuidora de gas del área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, José Luis Fernández, solicitó aumentos de 27% para los usuarios residenciales de menor consumo y de 14% para la industria y anticipó una previsión de inversión de 9.620 millones de pesos para el período 2017-21.

La propuesta de Metrogas supone una factura mínima bimestral de 347 pesos, y aclara que en el conjunto de usuarios residenciales los montos mensuales de incremento por el servicio de distribución oscilan entre 100 y 150 pesos, incluidos impuestos nacionales y provinciales.

En lo que respecta a las inversiones, Fernández recordó que entre 2002 y 2015 fueron de 21 millones de pesos anuales en promedio y crecería hasta 1.176 millones de pesos en 2017 y en los siguientes cuatro años se elevaría a más de 2.000 millones en promedio, de acuerdo con la propuesta de revisión tarifaria realizada.

A su turno, el director de Gas Natural BAN, Jorge Niemetz, alentó un aumento de entre 32 y 33% para las facturas del servicio, con lo cual tres de cada cinco usuarios (el 60%) pagará 442 pesos mensuales en promedio y un tope de 614 pesos, a la vez que planteó una inversión de 6.567 millones de pesos para el período 2017-21.

Para pequeñas y medianas empresas Gas Natural Ban propuso aumentos de entre 29 y 30%, una diferencia que radica en la concreción de un plan de inversiones base y otro que incluye nuevas redes.

En cuanto al plan de inversiones, Gas Natural Ban -que atiende a 1,6 millón de viviendas y 7,3 millones de habitantes en 30 municipios al norte y oeste de la provincia de Buenos Aires- indicó que apunta a pasar de un nivel de gasificación de 83% este año a 93% en 2021.

El nivel base previsto es de 5.085 millones de pesos, es decir, el triple en dólares y el séxtuple en pesos que lo destinado por la empresa en el período de 2002-16.

Durante el desarrollo de la Audiencia los representantes de la Defensoría del Pueblo de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires coincidieron en reclamar al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) que antes de autorizar incrementos tarifarios las empresas distribuidoras deben cumplir parámetros de mejores servicios y responder por la calidad de los mismos.

"Desde los 90, estas empresas ganaron con las privatizaciones, con la devaluación, con los subsidios, y ahora ganan con el nuevo cuadro tarifario y el mantenimiento de los subsidios, es hora de que ganen los usuarios y para eso deben invertir, brindar servicios adecuados, cumplir sus obligaciones", aseveró Alejandro Amor, el Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y presidente de la federación de Defensores del Pueblo del todo el país.

Al enfatizar que "el Estado debe ser el garante de que las empresas monopólicas cumplan con sus obligaciones", Amor aseguró que en las propuestas de incrementos tarifarios de las compañías "no se consideró el fallo de la Corte Suprema en ninguno de los cuatro principios de proporcionalidad, razonabilidad, gradualidad y no confiscatoriedad".

Entre las propuestas de la Defensoría porteña, Amor insistió -como ya lo hizo en audiencias públicas previas- sobre la necesidad de implementar una tarifa social única, avanzar en una definición legal de pobreza energética en la Argentina y que los servicios energéticos esenciales sean considerados como un derecho humano y la garrafa de gas como un servicio público.

A su turno, Mariana Grosso, en representación del Defensor del Pueblo de la Nación, cuestionó que el material de debate ofrecido por las empresas previo a la audiencia pública fue "sesgado y puesto a disposición en forma tardía, desordenada y confusa", y fustigó que las proyecciones de gastos de las distribuidoras "fueron superiores en un 30% en el caso de Gas Ban y en un 13% en Metrogas" según una auditoria realizada por la Defensoría de la Nación.

La Revisión Tarifaria Integral es para la Defensoría el estudio de nivel socioeconómico de los usuarios para su correcta categorización, y demanda establecer parámetros de calidad y un modelo de control, así como el estudio de costos y la fijación de una tasa de rentabilidad razonable que permitirá eficiencia y un buen servicio.

Al momento de la participación de las asociaciones de consumidores, el representante de Deuco, Carlos Buzetti, afirmó que las propuestas de incrementos tarifarios alcanzan un acumulado del 460% respecto a los cuadros vigentes al 30 de septiembre, es decir previo al incremento del 1 de octubre para el valor del gas a boca de pozo.

En ese sentido, afirmó que en un país con 8 millones de trabajadores que ganan 8.000 pesos y un 32% de pobreza, este nivel de incrementos de los servicios energéticos "dejarán de ser un derecho humano".

A su turno, la representante de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, María José Libertino, afirmó que los argentinos son "rehenes de una gestión en manos de ex CEO de empresas", rechazó "discutir la tarifa de un servicio publico segmentada y atada a un criterio de dolarización" y reclamó que el mecanismo de actualización "esté atado a los incrementos de los sueldos en las paritarias de los trabajadores" con "una tarifa social única y automática".

Finalmente, el representante de la Asociación de Consumidores Industriales de Gas, Damián Labastié, aseveró que es el único sector desregulado y denunció que su precio "viene aumentando de manera constante desde 2002".

"Los incrementos del precio del gas aumentan los costos industriales produciendo pérdida de competitividad" alertó Labastié, al rechazar la continuidad de subsidios cruzados entre los diferentes tipos de usuarios, que se aplique un criterio de gradualidad y competitividad y se equiparen las restricciones a todos los segmentos no residenciales.

Fuente: Télam