
Comunicado del Gobierno tras los vetos de Javier Milei: "No hay plata"
Las normas respondían al aumento de las jubilaciones, la vuelta de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad.
Aunque suele oirse que el país tiene la capacidad para producir alimentos para 600 millones de personas, la UCA reveló que el año pasado miles de chicos pasaron hambre.
Nacionales27 de agosto de 2019Uno de cada tres niños del Conurbano bonaerense sufre problemas para acceder al agua potable y a una alimentación que brinde los nutrientes indispensables para el desarrollo, según reveló un informe realizado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA para la Defensoróa del Pueblo de la provincia de Buenos Aires a cargo de Guido Lorenzino.
El informe técnico "Agua segura y alimentación, derechos pendientes de ser garantizados" describe la evolución de diversos indicadores que representan la situación de los niños, niñas y adolescentes (NNyA) de la Argentina y en el Gran Buenos Aires en relación a sus derechos al acceso al agua segura y a la alimentación.
El trabajo reveló que la Inseguridad Alimentaria Severa (IAS), junto con la cobertura de alimentación gratuita, experimentó un fuerte incremento en el último periodo interanual (2017-2018), tanto para el total a nivel país urbano como en el Conurbano bonaerense, alcanzando los valores más elevados de la serie 2010-2018.
Según la UCA, la Inseguridad Alimentaria Total (IAT) expresa haber reducido la dieta de alimentos en los últimos 12 meses por problemas económicos mientras que la Inseguridad Alimentaria Severa (IAS) incluye a los que experimentaron “hambre” por falta de alimentos en el último año.
La asistencia alimentaria directa y gratuita es mayor en GBA que en el promedio del país, aunque en el Conurbano 4 de cada 10 jóvenes con IAS no reciben ningún tipo de asistencia alimentaria. Los principales beneficiarios de la ayuda directa son los niños en edad de escolarización primaria. A su vez, la tasa de cobertura disminuye abruptamente para los niños de edad preescolar y para los adolescentes. El acceso a los alimentos se ve fuertemente vulnerado para los niños no escolarizados y los adolescentes.
"La falta de acceso a los alimentos o que los niños no tengan una nutrición elemental para desarrollarse es tal vez el mayor problema que enfrenta la sociedad. Además, es la gran deuda del sistema político, que no ha podido generar mecanismos que eliminen esta problemática que pone en jaque sobre todo a la población más vulnerable. Por lo tanto, es necesario el diseño y la ejecución de medidas que tengan en cuenta cómo impacta esta situación para llevar adelante programas a corto y largo plazo que permitan revertir este panorama", sostuvo Lorenzino.
En este contexto el ex viceministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, reclamó la declaración de la Emergencia Alimentaria. "Las medidas son sueltas, desarticuladas de la economía. Los más pobres tienen problemas de hambre, hay 300 mil nuevos desocupados. La situación de los sectores populares es muy complicada", advirtió el diputado nacional.
"Si los alimentos continúan subiendo, no hay manera de que la pobrezano siga aumentando.Hay que regular los precios de la canasta básica, los alimentos no pueden aumentar más, lo primero que tenemos que hacer es frenar la caída de gran parte de la sociedad”, agregó Arroyo.
El déficit de acceso al agua de red alcanza al 14% de los hogares de la Argentina urbana y al 18% de los niños, niñas y adolescentes. Esos niveles casi se duplican cuando se trata de los hogares y los NNyA del conurbano bonaerense (27% y 32%, respectivamente).
Este déficit afecta con mayor fuerza a los NNyA de los estratos sociales muy bajos (43,1%) y bajos (38,7%), que viven en condiciones de pobreza (38,9%) e indigencia (40,2%), y en aquellos que residen en villas de emergencia o en asentamientos o barrios informales (50,3%).
Asimismo, la probabilidad de acceder al agua de pozo es mayor en el GBA que en el total país(24,8% contra 11,6%), y también es mayor la propensión a tener que acceder al agua fuera de la vivienda (7,4% contra 4,6%).
"Estos datos nos muestran que existen graves problemas en el conurbano para acceder al agua potable, lo que se agrava al poner la atención en las poblaciones más vulnerables. A la hora de pensar una solución, es necesario proyectar una política de Estado a gran escala y sostenida en el tiempo", sostuvo Lorenzino.
Las normas respondían al aumento de las jubilaciones, la vuelta de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad.
El aumento es de 6,5% segmentado en dos: 3,5% sobre los mínimos de enero y tres pagos adicionales de 1% sobre los mínimos de julio, agosto y septiembre
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