Diario PrimiciaEl Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad y junto a fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), supervisó este viernes el derribo de un búnker de venta de drogas ubicado en Richieri 2165, en la ciudad de Pérez, departamento Rosario.
Con esta intervención, la quinta realizada en esa ciudad, ya son 102 los inmuebles inactivados en el departamento Rosario y 150 en toda la provincia.
El procedimiento se llevó adelante en el marco de la Ley de Microtráfico, impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro y puesta en marcha a comienzos de 2024. La normativa articula el trabajo del Gobierno de Santa Fe, el MPA, la Justicia provincial y la Policía santafesina, con la colaboración de fuerzas federales y gobiernos locales.
La ley contempla la inactivación de puntos de venta de estupefacientes e inmuebles vinculados con la circulación de violencia altamente lesiva en distintos puntos del territorio provincial.
El coordinador operativo, director general de Policía (R) Claudio Romano, destacó la continuidad de las intervenciones: “Estamos orgullosos y convencidos del trabajo que realizamos. Los derribos se llevan adelante casi a diario. Nunca antes se habían inactivado tantos búnkeres en tan poco tiempo”.
Además, sostuvo que la presencia policial en los barrios permite dar respuesta a situaciones que afectan directamente a los vecinos. “La Policía de la Provincia intervino en muchos sectores donde las personas son víctimas de la venta de drogas. La gente se pone muy contenta cuando llegamos para realizar los derribos y nos pide que sigamos trabajando”, afirmó.
Por su parte, el fiscal Matías Ocariz explicó que la investigación se inició a partir de intervenciones del Comando Radioeléctrico de la zona. “Había incidencias que daban cuenta de la venta de estupefacientes en este inmueble y del derrame de violencia altamente lesiva que provoca esta actividad”, señaló.
Durante el procedimiento se secuestraron cerca de 400 envoltorios con 82 gramos de cocaína. Además, fue detenido un hombre mayor de edad y dos adolescentes de 17 años quedaron vinculadas a una causa en el marco del Régimen Penal Juvenil.
Ocariz indicó que la Fiscalía solicitó el cese de la actividad del inmueble, medida que fue concedida por el juez y permitió avanzar con su demolición. “El comercio de estupefacientes afecta la salud pública, pero también genera intranquilidad en los barrios y hechos de violencia alrededor de estos lugares”, afirmó.
“Desmantelar estos espacios devuelve tranquilidad a los vecinos, que pueden volver a salir a la calle. Ese es uno de los objetivos priorizados del Ministerio Público de la Acusación”, concluyó.
