Diario Primicia
El recinto del concejo sesionó ante la presencia de personas con discapacidad, familiares y representantes de varias instituciones que trabajan con la mencionada población.
Desde el cuerpo legislativo local se advirtió que la ley se encuentra en riesgo debido a la posibilidad de ser vetada por el presidente Javier Milei, lo que pondría en peligro un conjunto de derechos básicos para uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
“Esta ley no es un capricho ni un privilegio: es una respuesta concreta y urgente frente a las graves dificultades que atraviesan miles de personas con discapacidad y sus familias. No pueden quedar atrapadas entre los números fríos del ajuste y los tiempos lentos de la burocracia. No lo vamos a permitir”, señalo el concejal Racca.
Desde el recinto se remarcó que defender esta ley no es un acto de oposición, sino un acto de justicia social, y que la inclusión y la equidad no son negociables, en nombre del ajuste fiscal.
El impacto económico estimado de la ley (entre el 0,28 % y el 0,51 % del PBI) fue calificado como totalmente razonable y manejable, especialmente si se lo compara con su impacto social: garantizar el acceso a salud, rehabilitación, transporte, educación y pensiones no contributivas para personas con discapacidad.
“Vetar esta ley sería un acto de crueldad institucional, amparado en una lógica de ajuste que ya ha demostrado ser regresiva, económicamente ineficiente y éticamente inaceptable”, afirmó Racca.
Además, los concejales destacaron que esta posición no se trata solo de una postura ética, sino que refleja una trayectoria concreta en políticas locales de discapacidad. Rafaela cuenta con más de 30 años de trabajo sostenido a través de la COMUDIS (Comisión Municipal de Discapacidad), con marco regulatorio, financiamiento propio y reglamento, lo que constituye una política de Estado reconocida a nivel provincial.
“Rafaela no es indiferente. Rafaela abraza a su comunidad con discapacidad, y se compromete a seguir trabajando por su dignidad y por el pleno ejercicio de sus derechos.”
Desde el Concejo, se instó al Gobierno Nacional a respetar la decisión del Congreso, a cumplir con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y a coordinar con los gobiernos locales la implementación efectiva de la ley.
“En tiempos difíciles, la verdadera política no se mide por la cantidad de recortes, sino por la capacidad de proteger los derechos de los más vulnerable” finalizaron.
