Diario Primicia
El documento fue elaborado en base a la experiencia de gestión local y con una visión estratégica sobre los desafíos actuales y futuros del Estado santafesino. Las propuestas están orientadas a ampliar derechos, modernizar instituciones y fortalecer las capacidades del gobierno local y regional.
Días atrás, los concejales también mantuvieron una reunión con el abogado constitucionalista Dr. Enrique Marchiaro, donde se abordaron en profundidad los alcances del proceso de reforma constitucional y se analizaron mecanismos viables para incorporar mayor autonomía y participación de los gobiernos locales dentro del nuevo texto constitucional.
Entre los principales ejes presentados se destacan:
Seguridad pública y democrática: se propone un nuevo mecanismo de designación del Jefe de Policía de cada Unidad Regional, a través de una terna elevada por el Poder Ejecutivo Provincial. La designación deberá contar con el acuerdo del Intendente, la aprobación del Concejo Municipal y el respaldo del Consejo Departamental de Seguridad, conformado por las autoridades locales del Departamento. También se promueve la implementación de políticas de prevención barrial con participación municipal.
Protección y salud animal: se propone incorporar a los animales como seres sintientes en la Constitución, promoviendo su protección integral, la salud animal como parte de la salud pública, la castración gratuita y temprana, y la asistencia veterinaria desde los gobiernos locales.
Tribunal de control social y evaluación democrática: se plantea la creación de órganos autónomos provinciales y municipales que auditen y evalúen la gestión pública de los poderes Ejecutivo y Legislativo, midan resultados y promuevan la transparencia institucional. Estos órganos estarían encabezados por representantes designados por la oposición y abiertos a la participación ciudadana.
Derechos sociales y desarrollo humano: se propone consagrar constitucionalmente el derecho a la alimentación, la salud, la vivienda digna y el trabajo decente, además de establecer políticas específicas para personas en situación de vulnerabilidad, niñeces, personas mayores, con discapacidad y víctimas de violencia de género.
Gobernanza metropolitana: se impulsa el reconocimiento constitucional de las áreas metropolitanas como espacios de planificación estratégica, con capacidad jurídica y operativa, y acceso a financiamiento para implementar políticas regionales conjuntas.
Ambiente sano y justicia ecológica: se propone incorporar el derecho a un ambiente sano, el deber del Estado de prevenir la degradación y restaurar los ecosistemas, y garantizar el acceso a la información ambiental, la participación pública y la existencia de justicia ambiental especializada.
Inclusión digital y gobierno abierto: se plantea el acceso equitativo a las tecnologías, la alfabetización digital y una conectividad adecuada como nuevos derechos. Además, se impulsa el uso de tecnologías como la inteligencia artificial bajo principios de respeto a los derechos humanos, la participación digital y el acceso público a la información.
Las propuestas presentadas buscan aportar al debate constitucional desde una mirada territorial, moderna y profundamente democrática.
