Mársico de reunió con Piedecasas integrante del Consejo de la Magistratura por la vacante en el Juzgado Federal
El encuentro se formalizó en la Ciudad de Buenos Aires.
La cámara que agrupa a pequeñas y medianas plantas denunció el congelamiento de precios de su producto. Fuerte reclamo de la Fisfe.
Nacionales 30 de agosto de 2019 Diario PrimiciaLa Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) alertó que el sector del biodiesel para el mercado interno está al límite de la "paralización" y que "miles de puestos de trabajo están en riesgo" por la decisión del gobierno nacional de congelar el precio de los biocombustibles por 90 días.
La entidad informó mediante un comunicado sobre "la desesperante situación que está atravesando el sector de los biocombustibles producto de las recientes medidas dictadas por el gobierno", las que afectan en particular a los pequeños y medianos productores de biodiesel.
La cámara explicó que la extensión al precio de los biocombustibles del congelamiento de los precios del gasoil y naftas "deja sin recursos a las empresas para mantener la producción y pone en riesgo miles de puestos de trabajo".
Hoy, todo el sector del biodiesel para el mercado interno está paralizado" aseguraron los productores pymes ya que "el aceite de soja es el principal insumo cuyo valor se rige por el dólar, por lo que el congelamiento de precios por un plazo de 90 días es, indudablemente, una medida que atenta contra la industria".
Según el sector, esta situación "obliga a comprar insumos al valor actual del dólar y venderlos al tipo de cambio anterior a esta medida" lo que supone "la imposibilidad de mantenerse en pie como industria y por efecto, la paralización inmediata de toda actividad con la consiguiente suspensión de la mano de obra involucrada".
"Es la tercera modificación que realiza el gobierno en lo que va de su gestión y, junto con la no publicación del precio en los meses de marzo y agosto, no hace más que reflejar un cambio permanente en las reglas del juego, sin previo diálogo ni consenso con los productores afectados", concluyó la entidad.
La Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) se hizo eco del reclamo y advirtió que las empresas del sector de biocombustible emplean en forma directa a unas 60 mil familias, en Santa Fe y en otras nueve provincias.
En un documento emitido ayer, Fise alertó que el sector, integrado en su mayoría por pymes, hoy están trabajando a pérdida.
Son 54 plantas de biocombustibles, de las cuales 19 plantas son de bioetanol y 35 de Biodiesel, distribuidas en 10 provincias: Tucumán, Salta, Jujuy, San Luis, Cordoba, Santiago del Estero, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, y Santa Fe.
La Cepreb denunció, a su vez, en su comunicado que ya en el último año han sufrido las consecuencias de decisiones "ilegales, arbitrarias y discriminatorias de la Secretaría de Energía de la Nación", que ha modificó la fórmula de cálculo del precio de biodiésel "con una clara intención de eliminar posibles factores de actualización, bajo pretextos incoherentes con el marco fáctico y jurídico".
Aseguraron, además, que las decisiones de los funcionarios de la Secretaría de Energía de la Nación fueron "una transferencia sistemática de recursos en favor de la industria petrolera que en nada han beneficiado al consumidor".
Las empresas se mostraron preocupados por "el drama social en cada localidad en la que están instaladas las plantas".
Una muestra del impacto laboral de estas medidas se vio en estas horas en Bahía Blanca. Unos 60 trabajadores de la fábrica de biodielsel Biobahía recibieron telegramas de suspensiones. La firma cuenta con otras plantas en las ciudades de Ramallo y Junín. "Veníamos escuchando algunas versiones al respecto y hoy se concretaron. No sólo afecta Bahía Blanca, sino que también hay otras plantas de la provincia de Buenos Aires que tomaron la misma determinación y seguramente se expandirá al resto del país", contó Gabriel Matarazzo, secretario general del Sindicato de Petróleo Gas y Biocombustibles de Bahía Blanca.
El encuentro se formalizó en la Ciudad de Buenos Aires.
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La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destaca que el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, contempló ayer por la noche el pedido de la entidad pyme de suspender de manera urgente todo inicio o continuación de juicios de ejecución fiscal, así como el obstáculo que implicaban las medidas cautelares. “De esta manera se resguardará a más de 400.000 micro, pequeñas y medianas empresas hasta tanto se reanude el tratamiento legislativo y la posterior sanción sobre blanqueo y moratoria”, dijo el presidente de CAME, Alfredo González.
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