Diario PrimiciaEl conflicto por la ocupación de un inmueble por parte de una familia de apellido Bazán generó polémica. Debido a la situación, el Club 9 de Julio decidió suspender entre el martes y viernes las actividades del campo deportivo de barrio Luis Fasoli.
El martes pasado, una orden judicial determinó que los Bazán debían abandonar el inmueble ubicado en calle Lorenzatti, en las instalaciones del predio perteneciente al club juliense.
En la mañana de ese día, sobre la hora 8:30, efectivos de la Policía y algunas autoridades de la institución deportiva arribaron al lugar para concretar la medida que había sido sentenciada por el juez Juan Carlos Marchesse en septiembre de 2014, y donde las autoridades del club argumentan haber aceptado dar un plazo para que la familia busque un nuevo hogar. Dicho plazo venció el pasado martes 15.
A su vez, tres organizaciones sociales se encontraban en dicho lugar en forma de oposición a la medida: el Centro Cultural Estación Esperanza, el Movimiento por el Hábitat Popular y Revuelo Disidencia, ésta última debido a que la familia Bazán cuenta con una integrante transexual.
Franco Moroni, presidente del Club 9 de Julio, aseguró que "siempre se tuvo buena predisposición", aceptando plazos más largos. Previo a este conflicto hubo una instancia judicial, donde el matrimonio denunció al club por trabajo en negro. Desde la cúpula de dirigentes admitieron ante las autoridades judiciales que eso sucedió, y aceptó pagar la indemnización correspondiente al caso.
Tras una "normalización de la situación", según declaró Moroni, el Club inició otro proceso para que le sea devuelto el inmueble, y la Justicia falló a favor de la institución en septiembre de 2014. Además, el actual mandatario juliense dijo que "durante el tiempo que ocuparon la vivienda se les pagaron los servicios como la luz y el agua".
El pasado martes, al intentar hacerse efectiva la sentencia, apareció un certificado médico que aduce un problema de salud en el padre de familia, que sufrió un ACV años atrás. El juez Marchesse postergó el desalojo por 72 horas, que vencía en el mediodía de este viernes, pero que debió ser nuevamente corrido, al menos, hasta el próximo martes.
"Esta gente no se quiere ir y hay gente que los apoya. Nos han amenazado con incendiar el quincho pero ya hemos realizado las denuncias correspondientes. El tema es muy complejo y no entendemos porqué no sale esta sentencia. Hay mucha gente involucrada y todo es difícil de explicar. Venimos luchando con esto desde hace tiempo y se vencieron todos los plazos y las buenas intenciones”, remarcó Moroni en una entrevista a un diario local.
Luciana es integrante de la familia Bazán, y vive junto a sus padres en el lugar en disputa. En un medio gráfico de nuestra ciudad, asegura: "el club nunca nos indemnizó". Según la joven, no hay constancias de que sus padres ni ella hayan firmado un documento, tal como había expresado Moroni en diversas misivas.
Además, confió que la situación se debe a "una discriminación por fobia" por parte de Moroni. También acusó haber recibido amenazas contra su persona y sus padres, y hasta habló de algunos hechos vandálicos en la morada, responsabilizando a hinchas del Club 9 de Julio. Incluso, admitió que fue trabajadora sexual hasta no hace mucho tiempo, cuando comenzó a percibir un beneficio de una pensión por discapacidad.
En la mañana de este viernes, la joven se presentó en la Municipalidad, en dónde fue atendida por el jefe de Gabinete, Jorge Maina, y el subsecretario de Deportes, Delvis Bodoira.
Las organizaciones Centro Cultural Estación Esperanza, Movimiento por el Hábitat Popular y Revuelo Disidencia protestaron el pasado martes en la puerta de la vivienda. Pese a que el conflicto se encuentra en instancias del Poder Judicial, en la mañana de hoy también realizaron una manifestación frente al Palacio Municipal de calle Moreno.
La intervención de éstas asociaciones, más aún de Revuelo, comenzaron cuando Luciana se acercó en marzo pasado a expresar la situación que estaba atravesando junto a su familia.
En apoyo a la familia, las asociaciones piden que el Estado se involucre en la situación, brindando una ayuda a la misma ante el inminente desalojo.
Además, según expresan las organizaciones, "el conflicto tiene lugar al ingresar Franco Moroni como nuevo presidente del Club, el cual ha argumentado hasta frente al Juez Juan Carlos Marchesse, sus motivos relacionados a la transexualidad de Luciana y el peligro que, según esta interpretación transfóbica, representa para quienes concurren al predio deportivo".
