Este jueves fueron los operativos en Superí 1963, Superí 1940 y Crespo 3971, en el marco de la Ley de Microtráfico que rige desde principios de año, como consecuencia de denuncias realizadas por vecinos. “La Ley de Microtráfico vino a constituirse en una herramienta importante no solo contra la venta de estupefacientes al menudeo, sino de toda la contextualización de violencia que esto implica”, se remarcó.
Policiales19 de diciembre de 2024
Diario Primicia
El secretario de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia y Seguridad, Omar Pereira, junto a los fiscales Pablo Socca y Lisandro Artacho del Ministerio Público de la Acusación (MPA), monitorearon la inactivación de tres inmuebles ubicados en Superí 1963, Superí 1940 y Crespo 3971 (solicitada por el fiscal César Pierantoni) de Rosario, en el marco de la Ley de Microtráfico sancionada por la Legislatura a comienzo de la gestión de gobierno de Maximiliano Pullaro.
En la oportunidad, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, detalló que “finalizando el año, completamos 39 derribos en la provincia, 30 de ellos en la ciudad de Rosario, y seguramente habrá alguna más. Seguimos avanzando con la implementación de la Ley de Microtráfico, que vino a constituirse en una herramienta importante no solo contra la venta de estupefacientes al menudeo, sino de toda la contextualización de violencia que esto implica”.
Al ser consultado sobre los resultados de estas políticas, Pereira marcó que “hay un incremento en los derribos, hay un incremento en las detenciones, hay un incremento en los secuestros de estupefacientes al menudeo y también en grandes cantidades, que son derivadas a la Justicia Federal”.
Sobre el final, destacó la importancia de que los ciudadanos denuncien este tipo de delitos: “Los habitantes de Rosario han comprendido la importancia del sistema 911 para el llamado, como el 0800 para denuncias anónimas, y eso constituye un elemento importante para poder presentarle el caso al fiscal y que comience la investigación más profunda”.
Cambio
Por su parte, el fiscal Lisandro Artacho, del Ministerio Público de la Acusación, apuntó que la investigación “se viene realizando hace dos o tres meses, a raíz del análisis pormenorizado de los llamados al 911 que hacen las personas que viven aquí en la zona y dan aviso de estas bandas que comercializan. Hasta hace poco tiempo, aquí había filas de personas esperando para comprar estupefacientes; esto es lo que han denunciado los vecinos de manera incansable. Y hoy venimos a tratar de poner fin a esto”. “La semana pasada hemos imputado a un conocido actor en la zona, “Frentudo” Fernández, y se ha dispuesto la prisión preventiva por dos años y de acuerdo al resultado de la investigación este es un puesto de venta que pertenecía a la banda”, detalló.
Luego, explicó por qué en este caso no se realizó el derrumbe: “La solicitud fiscal fue para proceder al derrumbe pero, por cuestiones edilicias, se ha dispuesto provisoriamente la inactivación de todas las ventanas. Hemos tapiado y bloqueado todos los accesos a estas viviendas”. Sobre el final, dijo que en la oportunidad no hubo detenciones ya que “no había nadie en el lugar” y que, según los informes de la Dirección de Vivienda y de Catastro, “estas casas no son de nadie, pertenecen a personas que quizás ya han fallecido, que no residen más en el lugar y son apropiadas por estas bandas para búnkers”.
Inactivación y derribo de puntos de venta de droga
Con estas nuevas intervenciones, la cifra de puestos de venta de estupefacientes inactivados y demolidos asciende a 39 en toda la provincia. Cabe recordar que estos operativos se desarrollan desde principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia provincial, la Policía provincial y con la colaboración de los gobiernos locales.
La inactivación y/o derribos de puntos de venta de droga es una de las medidas que integran la ley que fue aprobada en los últimos días de 2023 por la Legislatura provincial, y que establece que los fiscales del MPA deben investigar los delitos de “microtráfico” o “narcomenudeo”, que hasta antes de la reglamentación eran competencia de la Justicia Federal.
Asimismo, se pretende dilucidar los eslabones superiores en la cadena de comercialización y suministro de estupefacientes, y la desactivación del punto de venta en concreto. La Justicia Federal persigue la cadena de comercialización, investiga los eslabones superiores del narcotráfico y la intervención provincial es la desactivación directa del punto de venta.
El hecho ilícito fue cometido durante la madrugada del sábado 25 de diciembre de 2021. La sentencia fue dispuesta por unanimidad en el marco de un juicio oral que finalizó esta mañana en la ciudad de Santa Fe. El fiscal Matías Broggi representó al MPA en el debate.
Se trata de Esteban Fabián Barco, de 53 años. Los ilícitos fueron cometidos durante 2020, cuando la víctima quedaba a su cuidado. La sentencia fue dispuesta por unanimidad en el marco de un juicio oral que se desarrolló en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
Se le impuso una pena de tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos. La fiscal que representó al MPA en la audiencia fue Lorena Korakis.
Así lo resolvieron por unanimidad los camaristas Sebastián Creus, Bruno Netri y Roberto Reyes, quienes además rechazaron los agravios planteados por la Defensa. El condenado es Emanuel César S. y tiene 35 años. Cometió los ilícitos durante la infancia y la adolescencia de las víctimas. La fiscal que estuvo a cargo de la investigación y representó al MPA en la audiencia de apelación es Favia Burella.
Un siniestro de gravedad se produjo en el Río Parana en la fiesta "Malibú".
Fue durante uno de los controles de rutina que se realizan. Detuvieron a tres personas oriundas de Corrientes que se dirigían a Rosario.
Es para facilitar la participación en las reuniones de Navidad y Año Nuevo a quienes viven en zonas alejadas de sus familias.
Se trata del tercer encuentro del año.
“En ningún momento de la inspección un agente puede solicitar el pago inmediato de la multa ni otros cargos bajo ninguna de las modalidades”, informaron desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social provincial.
El Programa Rafaelino por los Derechos de los Animales (PRADA) lanzó un protocolo que capacitará a delegados barriales para promover la tenencia responsable y combatir la crueldad hacia los animales en sus comunidades.
El hecho ilícito fue cometido durante la madrugada del sábado 25 de diciembre de 2021. La sentencia fue dispuesta por unanimidad en el marco de un juicio oral que finalizó esta mañana en la ciudad de Santa Fe. El fiscal Matías Broggi representó al MPA en el debate.