El gobierno nacional promulgó la nueva Ley de Alquileres, sancionada por el Congreso el 11 de junio pasado. Entre los nuevos beneficios para los inquilinos, dispone el aumento en el plazo de duración de los contratos, mayores alternativas de garantía y un sistema oficial de actualización.

De este modo, los contratos de alquiler que se firmen a partir del 1º de julio, deberán contemplar las nuevas condiciones. La secretaria de Gobierno y Participación, Amalia Galantti, sostuvo al respecto que “tenemos una nueva Ley después de mucho tiempo de pedirla de parte de los sectores más afectados por la dificultad de acceder a la vivienda propia”.

“Esta nueva normativa recompone el equilibrio en la relación entre propietario e inquilino porque protege al segundo, la parte más débil, que tiene que satisfacer uno de los derechos más importantes: El acceso a la vivienda”, agregó.

En cuanto a la actualización de los contratos, Galantti indicó que “a los inquilinos les resulta complejo, el pago del alquiler, que se ha visto afectado por los índices de inflación estos últimos años y porque en los contratos se incluían algunas condiciones de actualización de los cánones locativos que realmente dificultaban la continuidad para alquilar”.

“Esta es una de las principales modificaciones  que tiene la Ley y que establece una actualización anual, tomando en consideración un índice que está conformado por el promedio del índice de precios al consumidor y de la remuneración imponible promedio, es decir a la variación del salario, que se va a publicar por el Banco Central de la República Argentina. Esta va a ser la forma de actualizar el alquiler”, remarcó.

Otro de los puntos importantes que se incluye refiere a las garantías: “Resultaba muy difícil cumplir con todos los requisitos, porque se exigía una garantía inmobiliaria para poder acceder a un alquiler”, señaló la funcionaria.

“Hoy la Ley posibilita que el locatario pueda poner a disposición una serie de alternativas o mecanismos de garantías del contrato entre los cuales está la garantía inmobiliaria. Pero no es la única y el inquilino tiene la posibilidad de ofrecer dos de estas alternativas y que, después, el locador elija la que quiera tomar”, explicó.

Por otra parte, también se modifica el plazo mínimo de los contratos: “Ahora es de un mínimo de 3 años, con lo cual se está dando una garantía de estabilidad. Además, hay otras disposiciones de procedimiento como son las notificaciones, intimaciones y algunas cuestiones que tienen que ver con el día a día del locador y locatario, relacionadas con la necesidad de hacer arreglos en el inmueble”, indicó Galantti.

“Con la aplicación de esta Ley se hace justicia en relación a cuáles son las cargas o los tributos que están a cargo de una de las partes. Hay impuestos que tienen que ver con la propiedad del inmueble, como es el impuesto inmobiliario, que la ley expresamente prohÍbe que estén a cargo del inquilino. Esto es un equilibrio y una respuesta que trae justicia a la relación”, resaltó.

Plan de Alquiler Social

Otro punto importante de la normativa es la creación del Programa Nacional de Alquiler Social para la adopción de medidas para facilitar el acceso a la vivienda digna en alquiler mediante contratación formal. 

“Este programa atiende las necesidades de los grupos más vulnerables, concretamente de las mujeres que se encuentran en situación de violencia de género y los adultos mayores. La intención es poder promover mecanismos para que puedan acceder a una vivienda. Que esto sea tenido en cuenta es una medida importante donde se ve un Estado presente, atento y ocupándose de quienes más lo necesitan”, enfatizó la funcionaria.

Asesoramiento de la OMIC

Desde la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) se brinda asesoramiento en materia de alquileres. “Es importante el número de personas que se han acercado a partir del Decreto del presidente que, con motivo de la pandemia y la situación económica particular que estamos atravesando, dispuso la suspensión de los desalojos, la prórroga de contratos. Esto motivó muchas consultas de diferentes casos”, indicó Amalia Galantti.

“Seguramente, con la aplicación de la nueva Ley, va a haber personas que tengan inquietudes, porque siempre se presentan situaciones por más que esté la normativa. Y entendemos que se equilibran las relaciones de poder, y no se está desprotegiendo al propietario, que le sigue garantizando su derecho al cobro o a pedir el desalojo en caso de que correspondiera, pero impide algunas prácticas abusivas que lamentablemente se han visto”, agregó.

Por otro lado, remarcó que “hay una situación que no puede escapar a nuestra mirada: La gran cantidad de inmuebles que están ofrecidos hoy para ser alquilados donde, tal vez, para los propietarios este ingreso representa un extra y no su fuente de vida. Entonces, se encuentra con la posibilidad de exigir o poner condiciones muy altas y si los interesados no la cumplen, deciden no alquilarlo. En esta Ley se están garantizando los derechos del propietario pero se facilita el derecho del acceso a la vivienda en modo de alquiler”. 

Un derecho fundamental

La secretaria de Gobierno y Participación reflexionó diciendo que “seguramente, las mayores exigencias que se fueron dando en este último tiempo por parte de los propietarios tienen que ver con el contexto económico de incertidumbre en donde se veía a diario el cierre de empresas, fábricas, y personas que perdieron su trabajo”, dijo Galantti.

Frente a esto, “uno entiende la posición de los propietarios de resguardar sus derechos. Por eso, sostengo que esta Ley devuelve el equilibrio y lo hace desde la perspectiva y una mirada de una economía que crezca con cuidado sobre las fuentes de trabajo y con la protección de un derecho fundamental como es la vivienda”, cerró.