Diario PrimiciaEl destape del ardid delictivo que en 2011 reveló cómo una organización, que tenía entre sus filas a escribanos de Santa Fe, realizaba estafas mediante la adulteración de escrituras de propiedades, sumó un nuevo episodio judicial.
La novedad surgió luego de que el fiscal Leandro Lazzarini, de la Unidad de Delitos Complejos, emitiera un oficio al juzgado de Instrucción 5ª, a cargo de Darío Sánchez (del sistema residual de causas), para que informe cuál es la situación de la causa que procesó, en febrero de este año, a 26 personas acusadas de participar y modificar las escrituras de terrenos, baldíos e inmuebles del Registro de la Propiedad de Santa Fe y así explotarlas en el mercado inmobiliario.
El oficio emitido por el funcionario del Ministerio Público de la Acusación busca establecer si estas nuevas denuncias radicadas por el subsecretario de Asuntos Registrales del Registro de la Propiedad, Matías Figueroa, son parte.
Las nuevas denuncias, que son dos, fueron presentadas el 14 de noviembre del 2017 en la Fiscalía Regional de Santa Fe y luego fueron derivadas al área encargada de perseguir este tipo de delitos complejos, a cargo de Lazzarini.
Las mismas hacen referencia a venta de terrenos de la localidad de Arroyo Leyes cuya titularidad habría sido modificada. Se trata de dos asientos registrales, que en principio, presentarían signos de adulteración similares a los que se encuentran ligados a la causa que instruye el juez Sánchez.
La causa que investiga la megaestafa y que en el ámbito tribunalicio se la conoce como la "causa de los escribanos" salió a la luz en 2011, luego de que dos exfuncionarios del gobierno provincial hicieron conocer a la Justicia cómo era la presunta estafa realizada por un grupo de personas, que incluía a escribanos del fuero local, y empleados del Servicio de Catastro e Información Territorial.
Maniobra entre folios y libros
La investigación, por la cual el fiscal Lazzarini emitió el oficio, es instruida por el juez Sánchez el cual en febrero pasado procesó a 26 personas por los delitos de "falsedad ideológica de instrumento público, estafa y asociación ilícita en concurso real entre sí".
El dictamen judicial se produjo después de siete años de haber sido denunciado el caso por el entonces, exministro de Justicia de la provincia, Roberto Vicente, y la directora general del Registro General Santa Fe, Nora Mauro. En aquel entonces, los funcionarios denunciaron que los hoy imputados formaron parte de una organización que logró modificar la titularidad de múltiples escrituras de terrenos y propiedades cuyos propietarios habían fallecido años atrás o que no presentaban actividad inmobiliaria reciente.
La maniobra detectada determinó que quien posibilitó cambiar la titularidad de los asientos registrales fue un empleado del Registro de Catastro, D. Tomassi, quien oficiaba en esa dependencia como "referencista".
El mismo, según testigos de la causa, se dirigía diariamente hacia el Registro de la Propiedad y analizaba cada tomo que se encontraba en la dependencia pública.
En este sentido, se le atribuyó haber ingresado fuera de los horarios habituales en que presta servicio a la dependencia para así cometer la maniobra.
En efecto, las titularidades de lotes, campos e inmuebles fueron traspasadas a falsos propietarios que insertaban sus datos personales. Seguidamente, las propiedades eran vendidas a terceros, mediante la intervención de tres escribanos locales que figuran en la causa: M. Peón, C. M. H. Dechanzi y P. Galván.
Por ejemplo, en una denuncia radicada el 21 de marzo del 2012, una mujer indicó una irregularidad en el inmueble que era propiedad de su abuelo en la ciudad de Santo Tomé. Dicha irregularidad sostenía que el inmueble ya no le pertenecía a su abuelo sino que había cambiado de titularidad y figuraba como propietario, Juan Carlos P. En tanto, la denunciante explicó a las autoridades del registro, que ni su abuelo y mucho menos su bisabuelo habían transferido el inmueble.
Tras una investigación inmediata se detectó, mediante una observación ocular, que el folio del asiento registral se encontraba reemplazado con datos falsos y que no tenían soporte documental.
En otro de los casos, una pareja se dirigió hacia una oficina de Colastiné ya que allí se publicitaba la venta de una fracción de terreno. Ambos firmaron un boleto de compra y venta y quedaron a la espera de que salga la escritura. Al tiempo, la pareja recibió el llamado de la oficina donde vendían el terreno para informarle que debían pasar por la escribanía de uno de los letrados imputados en la causa para iniciar el trámite de escritura.
Posteriormente, abonaron 250.000 pesos por el terreno y otros 4.000 al escribano.
Tras colocar su firma, dividieron el terreno, buscaron un agrimensor y procedieron luego a vender los lotes en cuotas. Pero la historia no iba a tener el mejor desenlace, ya que uno de los compradores tuvo un inconveniente a raíz de la adquisición de un crédito Procrear, otorgado por el banco Nación, donde se detectó la irregularidad de la titularidad del terreno.
El camino de siete años
El procesamiento dictado en febrero de este año no fue el primero. En junio del año 2013, el juez de Instrucción de la 1ª Nominación de Santa Fe, Jorge Pegassano, dispuso el procesamiento de los escribanos Peón, Dechanzi y Galván.
A raíz de tal situación, desde el Juzgado se informó al Colegio de Escribanos, donde de manera inmediata se dispuso el inicio de un procedimiento sumarial para evaluar la incidencia de dicho procesamiento en la esfera disciplinaria.
En octubre de ese año, la Sala Cuarta de la Cámara de Apelación en lo Penal declaró nulas las indagatorias contempladas en la investigación que inició el juez Pegassano y revocó el procesamiento.
En 2016, la causa volvió a tener impulso en el Juzgado de Instrucción Nº 5 a cargo del juez Sánchez, por lo que, dos años después, el magistrado dictó el auto de procesamiento no solo para los escribanos investigados sino también para el empleado de Catastro y quienes insertaron sus datos personales para adulterar las escrituras propietarias.
"La estafa era perfecta, porque el día de mañana un escribano presentaba una escritura diciendo que el dueño era determinada persona –del folio falso–, en Catastro figuraba que era el dueño trucho y el escribano, sin respaldo notarial, vendía a un tercero", dijo el subsecretario de Asuntos Registrales del Registro de la Propiedad, Matías Figueroa, quien fue consultado por las maniobras detectadas en 2011 y por las nuevas denuncias que tramita el MPA.
"Esta persona –por D. Tomassi– veía todos los días en el Registro de la Propiedad, quiénes eran los nuevos compradores. Se llevaba esa información y luego modificaba la partida inmobiliaria", indicó.
"Todo este tipo de ilícitos se hacían con terrenos que presentaban movimientos inmobiliarios o que el titular figuraba muerto de hacía años", explicó el funcionario, quien realizó las nuevas denuncias.
"Para nosotros esto es una asociación ilícita, porque para que funcione tiene que haber varias patas que son fundamentales. El que buscaba la información y modificaba en el Registro de la Propiedad estos folios y que era un empleado de Catastro", consideró Figueroa.
El funcionario cuestionó la lentitud que lleva el tratamiento de la causa en el Juzgado que procesó a los imputados. "Hubo siete años para dictar un procesamiento, también es mora en la Justicia. Uno encuentra a alguien que roba una bicicleta y lo procesan a los dos días y a los que roban millones de pesos tardamos siete años para dictarles un auto de procesamiento".
Fuente: Uno Santa Fe
