Diario PrimiciaEl intendente de Paraná y uno de los principales referentes de Cambiemos en la provincia de Entre Ríos, Sergio Varisco, afronta desde ayer un juicio inédito en el que hay otros 33 imputados y promete develar supuestas relaciones entre la política y el narcotráfico. En un mismo juicio se debatirán dos causas que tienen como punto de contacto el nombre de Daniel Andrés “Tavi” Celis, detenido al ser desbaratada una organización dedicada a la venta de marihuana y, más tarde, por liderar desde prisión una banda que comercializaba cocaína, supuestamente con el financiamiento de fondos públicos.
Lo que surgió como una sospecha al principio se transformó luego en una hipótesis del fiscal José Ignacio Candioti en su requisitoria de elevación a juicio y que ahora deberá terminar de confirmar el Tribunal Oral Federal conformado por Lilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros, quienes esperan escuchar al menos a un centenar de testigos.
Las causas que llegan a juicio son dos: la denominada “Narcoavioneta” y la llamada “Narcomunicipio”. Se instruyeron en forma separada y comparten sólo 2 de los 33 imputados: precisamente a Daniel “Tavi” Celis y su padre, Eduardo Celis. Aunque en los dos expedientes se investigó la complicidad entre funcionarios municipales y narcotraficantes mediante el financiamiento con dinero público de la Municipalidad de Paraná a la banda narco. En este sentido, Varisco está acusado por el financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes.
En la primera causa (“Narcoavioneta”) el juez de Instrucción advirtió sobre la “imprudencia” del entonces candidato a intendente Sergio Varisco en celebrar “acuerdos electorales y de gestión” con Celis. Pero surgió que luego el acuerdo se reconfiguró y eso le permitió a Celis reorganizar sus actividades de comercialización de cocaína a partir de que el intendente aportaría todos los meses dinero en efectivo y contratos en la Municipalidad para allegados al jefe narco.
En ese nuevo esquema participaban la agente policial Griselda Bordeira y el concejal Pablo Hernández, ambos detenidos y en el banquillo de los acusados. Otro personaje central es Luciana Ernestina Lemos, ex pareja de Celis, su principal asistente y la encargada de hacer cumplir aquel acuerdo político, de acuerdo a la acusación fiscal.
Cuando fue detenida, a Lemos le encontraron dos cuadernos con anotaciones en las que aparecen mencionados Varisco, Hernández y Bordeira y el también concejal Emanuel Gainza (sobreseído). Lemos declaró como arrepentida y contó que los funcionarios municipales compraban cocaína que les vendía Celis, dijo que en una ocasión hizo una entrega en el Palacio Municipal, detalló cómo era el funcionamiento interno de la organización y los mecanismos de comunicación.
Narcoavioneta
Esta investigación comenzó con una nota que envió el jefe de la Delegación Paraná de la Policía Federal, comisario Víctor Chanenko, al Juzgado Federal de esa ciudad. Dijo haber recibido un llamado anónimo advirtiendo que “las dos toneladas de droga que la policía de Entre Ríos halló en el barrio Paracao, las llevó «Cebolla» Leguizamón en el camión 148 de la Municipalidad de Paraná”.
Según la denuncia, ese llamado abrió el camino a una investigación que derivó en la interceptación de una avioneta cargada con marihuana en Colonia Avellaneda. Fue el 18 de mayo de 2016 cuando los agentes encontraron 317,15 kilos de marihuana acondicionada en 414 ladrillos y apresaron a cuatro personas. Tras ello, se hicieron doce allanamientos en Paraná y se desbarató gran parte de la organización.
La hipótesis de la investigación sostiene que los hermanos Daniel y Miguel Celis lideraban una organización que se dedicaba a la venta de marihuana al menudeo y en el aprovisionamiento a otras pequeñas bandas que fueron desarticuladas con el paso del tiempo. Era una estructura constituida por grupos familiares y por eso, junto a los hermanos Celis cayó el padre de ambos, Eduardo Ramón Celis y muchos de los que ahora son juzgados. En esta causa, Varisco, Hernández y Bordeira sólo son testigos.
“Narcomunicipio”
La investigación tomó un nuevo curso a partir de comunicaciones que indicaban que Celis había relanzado su organización desde la cárcel en septiembre de 2017 a partir de un acuerdo político con el ya intendente Sergio Varisco, del que también participaban el concejal Hernández, la ex policía Bordeira y el agente municipal Alan Viola.
En esa hipótesis, la banda se financiaba con fondos públicos ya sea a través de la utilización de estructuras y herramientas municipales (como el uso de camiones recolectores de residuos sin GPS) o el otorgamiento de contratos a personas vinculadas a Celis por unos 50 mil pesos mensuales, como parte de un acuerdo que éste habría celebrado con Varisco.
Celis coordinaba las adquisiciones de la droga desde su celda y la distribución y venta de cocaína; dirigía a sus asistentes y colaboradores e impartía órdenes relativas a la ejecución del acuerdo con Varisco, como así también a la compra y traslado de la droga, el control de cantidad y calidad, resguardo, precios de venta y modalidades de pago.
Fuente: La Capital
