Apuro por la reforma constitucional en Santa Fe ¿Por qué?

Este movimiento responde, según fuentes opositoras al oficialismo, a la preocupación del Partido
Socialista por su continuidad en el poder y tiene al titular de la Casa Gris como claro impulsor y
beneficiario directo. Esto deja en evidencia una actitud caprichosa que pareciera obedecer más a
un deseo de aferrarse al Sillón del Brigadier López por un período más, que verdaderamente
discutir propuestas para una mejora en la calidad de vida de la ciudadanía.

Las sucesivas reuniones y cónclaves auspiciados por el primer mandatario y su ministro de
gobierno Pablo Farías, destinados a persuadir a legisladores, intendentes y presidentes comunales
de toda la Provincia –evidenciando desesperación y poniendo fechas límite– alertan a dirigentes
de la oposición, que se preguntan si Miguel Lifschitz se encuentra realmente preocupado por los
problemas concretos que aquejan a los santafesinos, y que son los que requerirían de tanto
esfuerzo como el que se encuentra invirtiendo para obtener la citada reforma.

Dirigentes y referentes territoriales en toda la provincia sostienen que las prioridades hoy día son
otras. Principalmente el creciente flagelo de la inseguridad, cuyas alarmantes cifras arrojan, por
ejemplo, 31 homicidios en la ciudad de Santa Fe y 35 en la ciudad de Rosario, contabilizados en lo
que va de 2018 –constituyendo a Santa Fe como una de las ciudades más inseguras del país según
expertos–; o los exorbitantes aumentos en la tarifa de luz que, según organismos como la
Multisectorial Rosario, han implicado el cese de actividades de alrededor de sesenta (60)
comercios desde el arribo de las últimas boletas.

Objetivamente, los detractores de la previsible maniobra del gobernador afirman, además, que
éste ha jurado por una constitución que lo inhabilita para ejercer otro período más, por lo que
sería poco ético de su parte obsesionarse por no cumplirla en su desesperada búsqueda por un
nuevo mandato.

Es tal el apuro y obstinación que motoriza las aspiraciones de Lifschitz que, según allegados, ha
arribado hasta el punto de presionar al mismo Presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe y
Presidente del Partido Socialista, Antonio Bonfatti, para lograr el pleno acompañamiento
partidario a la convocatoria para la convención constituyente –cabe destacar que en un inicio
Bonfatti oponía reparos a la iniciativa, pero finalmente culminó cediendo–, para luego extender
este imperativo al resto de las fuerzas que conforman el Frente Progresista Cívico y Social que no
dudaron en acceder y alinearse.

Pero lo que verdaderamente resulta llamativo es lo que ocurre respecto a la principal fuerza de
oposición: el Partido Justicialista. Según operadores del PJ, es evidente la actitud que han tomado
algunos legisladores peronistas –encabezados por los senadores Armando Traferri y Danilo
Capitani– quienes se muestran funcionales al deseo del gobernador en una estrategia vinculada a
apetencias políticas personales, poniendo precios y negociando cargos para convalidar o no el
proceso de reforma. Desde la Juventud Peronista comparan esta situación con el caso de la
Banelco durante la presidencia de Fernando de la Rúa, en la cual se habló de sobornos a
legisladores para que aprobaran la ley de flexibilización.

Por otra parte, según un intendente peronista (que pidió no se mencionara su nombre), también
habría presiones por parte de Lifschitz y su ministro de gobierno Pablo Farías hacia intendentes y
presidentes comunales justicialistas, ya que en los cada vez más frecuentes asados y reuniones de
camaradería, el primer mandatario les advertiría sobre el condicionamiento en obras y fondos
para sus localidades dependiendo del apoyo o no a la reforma constitucional. Hay que recordar
que esta actitud similar de “apriete” hacia las autoridades locales ya tuvo lugar en las elecciones
de 2017, cuando el gobernador afirmó que luego de dichos comicios evaluaría continuar
“sembrando” sólo donde hubiera “terreno fértil”.

En contrapartida, hay sectores políticos que, sin negar la necesidad de una reforma de la Carta
Magna y como alternativa a lo que propone el Ejecutivo provincial, plantean una consulta popular
vinculante durante el proceso electoral de 2019, siendo la misma ciudadanía santafesina la que
decida la necesidad o no de la convocatoria a la constituyente. Pareciera una medida razonable,
donde efectivamente se indague a la sociedad la cual es la verdadera portadora de la soberanía y
la que mejor expresa el vivir cotidiano, de modo que la decisión final no permanezca como una
imposición del poder político, ni mucho menos que sea fruto del capricho reeleccionista del
gobernador de turno, que evidencia desesperación y apuro para solucionar un problema electoral
al interior de su espacio a través de un tema que debería ser tratado sin celeridad ni
condicionamientos.

Finalmente, cabría la reflexión de si, antes de modificar la Constitución Provincial, se está
efectivamente garantizando lo estipulado en la vigente que, para prestigiosos constitucionalistas
como Domingo Rondina, contiene grandes avances en materia de derechos, incluso superiores a la
Nacional de 1994.

La reforma es un tema que nos concierne a todos, y nadie tendría que permanecer ajeno a ella.