La medida fue comunicada a través del decreto 94/2018, que se publicó en el Boletín Oficial de este jueves con la firma del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne.
Nacionales01 de febrero de 2018
Diario PrimiciaEl Gobierno prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2018 la vigencia del régimen de reintegro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a jubilados y beneficiarios de planes sociales que contempla la Ley 27.253.
La medida fue comunicada a través del decreto 94/2018, que se publicó en el Boletín Oficial de este jueves con la firma del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne.
La norma fue sancionada en junio de 2016 por el Congreso de la Nación y establece la devolución del 15% del IVA en las compras que realicen en comercios de venta minorista los beneficiarios con tarjetas de débito. El monto reintegrado no puede superar los 300 pesos.
"Continúa siendo un objetivo prioritario del Gobierno Nacional la asistencia a las personas de menores ingresos de todo el país a través de medidas concretas y transparentes, con la finalidad de lograr una reducción sostenida de la pobreza", argumentó el Ejecutivo en los considerandos.
Y agregó que "la implementación del régimen de que se trata tiene por finalidad mejorar el ingreso disponible y la capacidad de compra de los sectores más vulnerables conformados por aquellas personas que destinan al consumo de bienes de primera necesidad la totalidad o gran parte de sus ingresos".
El candidato a Convencional Constituyente de Javier Milei en el Departamento Castellanos propone Incluir la causa de las Islas Malvinas en la nueva Constitución.
Cada año se busca concientizar sobre la importancia de ser donante y homenajear a todo el personal de salud que participa de este tipo de procedimientos.
Lo hizo a través de una resolución que publicó en el Boletín Oficial. Además de los haberes mínimo y máximo, se informaron los montos de la PBU y la PUAM
El Partido Socialista (PS) de Santa Fe, a través de su Junta Ejecutiva Provincial, expresa su máxima preocupación ante la decisión del gobierno nacional de designar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pasando por alto al Senado, que es el cuerpo parlamentario que debe darles acuerdo a los jueces del alto tribunal con dos tercios de sus votos.
La diputada provincial socialista Lionella Cattalini expresó su rotundo rechazo a la designación por decreto de Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema, impulsada por el presidente Javier Milei. "Esta imposición es un verdadero escándalo, no sólo por el avasallamiento a la división de poderes y la forma autoritaria de gobernar, sino también porque Lijo es un juez sospechado, acusado de corrupción y de proteger a los corruptos", señaló.
La iniciativa es alentada por un diputado santafesino del PRO y tiene respaldo en el oficialismo. Cómo operaría en el Ejecutivo, el Congreso y la Justicia. Una vieja idea que nunca prosperó.
Será para controlar el alto índice de ausentismo en la administración pública local, evaluando los casos de enfermedades inculpables y analizando la aptitud de los agentes para continuar en sus puestos de trabajo.
Se firmó un convenio urbanístico con una firma privada que cedió el terreno y se hará cargo de las obras. Ahora, el Concejo aprobó el acuerdo.
El Ministerio de Salud santafesino recordó medidas básicas de prevención y cuidado para estos días en que aumenta el desplazamiento de turistas a localidades, provincias o países donde hay casos y presencia del mosquito que transmite la enfermedad.
A través de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), el Ministerio de Salud Provincial recordó cuidados fundamentales para la compra, conservación y preparación de alimentos a base de pescado.
El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este jueves un encuentro de trabajo para avanzar en los detalles de cómo se proyecta incorporar en la Constitución de la Provincia de Santa Fe la norma de Ficha Limpia, para impedir que accedan a cargos políticos personas que tengan condenas confirmadas por actos de corrupción y otros delitos.