Diario PrimiciaLos legisladores explicaron que más allá de algunas cuestiones que afectaron el normal desarrollo de la concesión y el cumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato (tales como las dudas sobre los criterios utilizados en oportunidad de ajustarse los valores de la tarifa, la desobligación de tareas relativas al mantenimiento de los espacios verdes, la adjudicación de obras no previstas en el pliego en forma directa, o la inseguridad vial que ha generado el deterioro de la carpeta asfáltica), "nuestra preocupación surge a inicios del año 2016 como consecuencia de verificar que la principal obligación en materia de obras de la concesionaria, que era repavimentar los 313 km de traza total, sólo se concretaron en los 5 años de concesión, 75 km de repavimentación que representan el 24% de dicha obligación. A valores actuales el monto de la obra no ejecutada alcanzaría $1.554,8 millones.
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En este sentido, el bloque solicitó a través de dos proyectos de comunicación requerir al Tribunal de Cuentas de la Provincia, al Órgano de Control de la autopista y a la autoridad de aplicación, copia de toda la documentación, actuaciones, y disposiciones dictadas correspondientes al todo el periodo de vigencia de la concesión.
Asimismo, solicitaron al Tribunal de Cuentas que se expida en forma urgente respecto de la legalidad del contrato de rescisión y del Decreto 5194/16 ratificatorio del mismo conforme a las atribuciones y competencia precisas en los artículos 202 y 203 de la ley 12510 de administración financiera y control.
A su vez, los diputados pidieron que el Ejecutivo, a través de la Dirección Provincial de Vialidad o de un Ente a crearse al efecto, se haga cargo de la repavimentación, mejoramiento, mantenimiento y explotación de todo el corredor de la autopista.
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Y finalmente, queremos expresar que instrumentaremos los mecanismos y procedimientos institucionales que estén a nuestro alcance, a los efectos de declarar la nulidad todo lo actuado, generar la rescisión del contrato por incumplimiento de la concesionaria, hacer efectiva la garantía prevista en el contrato, aplicar las sanciones correspondientes a las empresas integrantes de la UTE que actuó como concesionaria, y deslindar las responsabilidades políticas y legales de las autoridades responsables del millonario perjuicio perpetrado en contra de los intereses de todos los santafesinos.
Fuente: Uno Santa Fe
