Diario PrimiciaEl Senado Provincial dio ingreso este jueves 31 de marzo, a la iniciativa del senador por el departamento General López, Lisandro Enrico y apoyada por todos los senadores Justicialistas, entre ellos Alcides Calvo, del Departamento Castellanos, el cual tiene como objetivo que el estado santafesino promueva las acciones necesarias para la lucha contra el narcotráfico en el territorio provincial. Para ello se priorizarán las medidas, acciones, adecuaciones y resoluciones de todos los poderes del estado provincial a los fines de combatir la venta de drogas ilegales en pequeñas cantidades o en forma fraccionada.
Es de destacar que la urgencia de la situación no escapa a la visión de todos como se ha masificado la venta de droga en los denominados "kioscos" o lugares similares. En todas las localidades santafesinas, en todos los sectores de las ciudades, desde locales que se presentan como simples comercios o en casas comunes los lugares de venta de droga se han multiplicado a lo largo, a lo ancho y en lo profundo de nuestra provincia.
En Argentina la legislación en materia de delitos con drogas y narcotráfico está regulado por la ley 23.737 "Ley de estupefacientes" del año 1989. No escapa a nadie cuánto ha crecido y se han esparcido los delitos vinculados a drogas desde que se aprobó esa ley. Es evidente que en estos últimos 30 años la situación de la narcocriminalidad ha cambiado y crecido pero, el sistema legal, sigue siendo el mismo. O sea. La realidad cambió muchísimo y la ley no. En ese sentido resulta casi insostenible que un delito tan común, difundido y desplegado en todos los territorios provinciales siga siendo competencia de la Justicia Federal. La Justicia federal es una justicia de excepción que interviene en ciertos delitos, que por razones determinadas (lugares, personas o bienes jurídicos) son consideradas de interés nacional. El resto de los delitos, es decir toda la materia penal, es competencia de la justicia ordinaria o sea de los jueces y fiscales de las diferentes provincias. Cuándo se debatió la ley de delitos con drogas ya hubo algunas posturas que sostenían que estos delitos debían ser como el resto de los delitos de jurisdicción ordinaria; sin embrago se impuso la tesis política de seguir manteniéndolos en el ámbito de lo federal basados básicamente en que esos delitos estaban vinculados al paso por las fronteras de la droga, o al tráfico interprovincial y aspectos vinculados a la salud pública nacional, lo que ameritaba que todo delito vinculado a drogas fuesen atendidos por la justicia federal.
Sin embargo el paso del tiempo hizo que lamentablemente el delito de drogas no quedase solo reducido a las fronteras sino que progresivamente y sin atenuaciones echó sus raíces en todo el país desde los grandes centros urbanos hasta los poblados más pequeños y crecieran en incontables lugares de venta de drogas a la vista del público.
Esto demuestra que el problema de drogas excede a una cuestión de fronteras y que la justicia federal (con mucho menos magistrados y funcionarios que las justicias provinciales) no puede dar una respuesta adecuada al drama delictual actual ya que la lejanía, el menor conocimiento del territorio, la falta de recursos policiales, la falta de mecanismos de investigación provoca que el delito crezca sin límite judicial.
Es por ello que el artículo 9 dispone el incremento del número de fiscales titulares; un total de 21 para las cinco circunscripciones en que se halla dividido el Ministerio Público de la Acusación. El total implica un incremento promedio de un 15 % para cada circunscripción distribuidas del siguiente modo: 5 fiscales para la 1ª Circunscripción de Santa Fe, 10 fiscales para la 2° Circunscripción de Rosario, y 2 fiscales para la Circunscripciones 3° 4° y 5° de Venado Tuerto, Reconquista y Rafaela.
“Este proyecto busca combatir aquellos que tratan de manejar los puestos de ventas, organizar delivery con menores de edad; a través de un control del territorio más cercano y directo, cosa que con la justicia federal no se logró, siendo este un reclamo de los intendentes, presidentes comunales y los ciudadanos en general”, dijo el senador provincial Alcides Calvo.
