Diario PrimiciaCamilo Enzo Busquets, de 69 años, fue condenado por delitos contra la administración pública cometidos mientras ejerció su cargo de intendente de la ciudad de Ceres (departamento San Cristóbal), entre 2003 y 2019. Además, el ex secretario de Hacienda de su último período de gobierno, Lucas Sebastián Cañete, también fue condenado.
Los exfuncionarios recibieron penas a prisión condicional –Busquets, dos años y diez meses; mientras que Cañete, dos años y tres meses–, e inhabilitaciones perpetuas para ejercer cargos públicos.
La sentencia fue dispuesta por los jueces Cecilia Álamo (presidenta), Javier Bottero y Nicolás Stegmayer, en el marco de un juicio oral y público que finalizó esta mañana en los tribunales de San Cristóbal.
En tanto, el tribunal decidió absolver a una ex secretaria de Hacienda de Ceres, cuyas iniciales son BSG, quien fue juzgada por hechos vinculados a los delitos cometidos por el exintendente.
El fiscal Guillermo Loyola, de la Sección Criminalidad Económica y Compleja de la Fiscalía Regional 5, representó al MPA en el debate. En relación con el veredicto, señaló que “si bien esperaremos a conocer los fundamentos del fallo para analizar los pasos a seguir, valoramos la decisión de condenar a los dos exfuncionarios a los que investigamos”.
Delitos contra la administración pública
El fiscal indicó que “durante el debate logramos demostrar que mientras Busquets ejerció la intendencia de la ciudad de Ceres en sucesivos períodos en los que fue electo entre 2003 y 2019 cometió diferentes delitos en perjuicio de la administración pública”. Agregó que “Cañete, quien se desempeñó como ex secretario de Hacienda entre 2018 y 2019, intervino activamente para que algunos de esos ilícitos pudieran concretarse”.
Loyola sostuvo que “entre los hechos por los que se impusieron las condenas está el desvío de los fondos recibidos en concepto de Financiamiento Educativo en 2017”, y aseguró que “quedó probado que ese dinero tuvo un destino distinto al que correspondía”.
Asimismo, el fiscal afirmó que “con abuso de la confianza conferida para el manejo de fondos públicos, se disponían llamados a concursos privados de precios para realizar obras públicas que por el elevado monto debían realizarse a través de licitaciones públicas”. Al respecto, expuso que “esas maniobras representaban un perjuicio patrimonial ya que las obras eran abonadas en su totalidad cuando aún no habían sido concluidas o se adjudicaban concursos sin respetar los procedimientos de compra previstos por la ordenanza municipal”. Finalmente, Loyola aseguró que “de forma reiterada, los funcionarios condenados incumplieron con los deberes que conllevan los cargos públicos que ostentaban”.
Calificaciones penales
Busquets fue condenado por la coautoría de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público; y por la autoría de fraude a la administración pública y abuso de autoridad.
Por su parte, a Cañete se lo condenó como coautor de malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público, así como partícipe necesario de fraude a la administración pública.
