Diario PrimiciaEl gobierno provincial dispuso asignar una partida de 15 millones de pesos para reforzar la vigilancia sanitaria en las unidades penitenciarias de la provincia a raíz de la pandemia de coronavirus. Como parte de una estrategia de prevención, 180 operadores sanitarios fueron asignados a la realización de un "mapeo" entre los más de 7 mil internos para detectar quiénes padecen patologías que los encuadren como parte de grupos de riesgo o enfermedades respiratorias. Resta definir qué criterios se aplicarán con respecto a las visitas, que generan aglomeraciones importantes de personas sobre todo en las mayores cárceles de la provincia.
La preocupación por la situación de los presos en cárceles santafesinas una población especialmente vulnerable por las condiciones de encierro y hacinamiento y porque muchos internos padecen patologías respiratorias de base era expresada desde hace días por funcionarios y actores judiciales en distintos puntos de la provincia. Es por eso que el viernes se realizó una reunión para discutir el tema en la ciudad de Santa Fe entre fiscales, jueces, defensores y representantes del Servicio Penitenciario. La misma medida se realiza hoy a las 14.30 en el Centro de Justicia Penal de Rosario.
La asignación de 15 millones de pesos para atender a la situación sanitaria de las cárceles fue confirmada ayer a La Capital por el secretario de Asuntos Penitenciarios, Walter Gálvez. Se trata de una partida que el ministro de Economía, Walter Agosto, remitió a su par de Gobierno, Esteban Borgonovo, el área de la cual depende la Secretaría de Asuntos Penitenciarios que conduce la estrategia de prevención.
Como parte de ese plan trabajan 180 operadores sanitarios entre médicos, odontólogos y enfermeros que trabajaron en un relevamiento sobre los internos con situaciones de riesgo vulnerables al coronavirus (ver infografía). Hasta ayer no existía una decisión tomada desde el Ejecutivo provincial sobre cómo se gestionarán las visitas a las cárceles. Se trata de un asunto sensible, ya que las aglomeraciones de más de 200 personas están prohibidas y en los penales más poblados de la provincia llegan a concentrarse miles de personas entre familiares, amigos y allegados de los internos los días de visita. Y una suspensión lisa y llana del beneficio podría alentar amotinamientos.
La situación de vulnerabilidad de la población carcelaria frente al coronavirus es fruto de preocupación por el alto riesgo que de por sí suponen el encierro, el hacinamiento y las afecciones respiratorias como asma o tuberculosis que padecen muchos internos. En ese sentido la Asociación Pensamiento Penal dio a conocer anteayer un comunicado recomendando que se informe a los internos sobre el modo de propagación del virus, teniendo en cuenta que "el miedo y la angustia que genera esta nueva situación global se potencia en instituciones totales". Sugirió además "que se estudie cada caso particular a fin de no suspender de manera general las visitas recibidas", además de la realización de controles sanitarios a los familiares y la no suspensión de las salidas transitorias.
Reunión clave
Estas cuestiones serán discutidas hoy en una reunión prevista para las 14.30 en el Centro de Justicia Penal Rosarino, de la cual participarán representantes del Ministerio de la Acusación, el Colegio de Jueces Penales y el Servicio Público de la Defensa Penal.
La funcionaria titular de la Defensa Pública a nivel provincial, Jaquelina Balangione, indicó ayer que el área a su cargo se encuentra "a la espera de que el Poder Ejecutivo emita su propuesta" y remarcó que "la Defensa Pública, en su rol, se ocupará de hacer el control de calidad y constitucionalidad de lo que se proponga, en resguardo de las garantías y derechos individuales".
"Desde la Defensa Pública quiero transmitir tranquilidad a toda la población carcelaria porque estamos muy atentos a las medidas que se están evaluando por parte del Ministerio de Gobierno, respecto de los alojados en cárceles, y del Ministerio de Seguridad, por los detenidos en comisarías y alcaidías, que son en total más de siete mil personas en toda la provincia", añadió Balangione. La defensora recomendó evitar medidas drásticas para no caer en escenarios "como lo de Italia, donde cortaron abruptamente las visitas y hubo motines, fugas y muertos".
"La población carcelaria es especialmente vulnerable y si bien las normas de seguridad pública ante una pandemia suponen restricciones, vamos a velar por el cumplimiento de los derechos", añadió. En ese sentido, alentó a realizar una urgente reducción del número de personas privadas de la libertad otorgando beneficios a mayores de 60 años, embarazadas o personas en situación de riesgo "para descomprimir la cantidad de gente hacinada, porque si el virus entra en las cárceles entra a un lugar donde no tiene salida".
Este escenario, indicó, se agrava en espacios dependientes de la policía, como las comisarías o celadurías que alojan a internos en Rafaela, Melincué o Vera, con alrededor de 470 presos. Con respecto a los trámites judiciales para realizar los controles de detención, del avance de causas o en las etapas de ejecución de la pena, señaló que la Defensa Pública asiste a alrededor del 95 por ciento de los acusados privados de la libertad pero actualmente existe una merma de personal que debe permanecer en cuarentena por haber regresado de un viaje al exterior, padecer alguna situación de riesgo o tener hijos en edad escolar a su cuidado.
Es por esto que la Defensa Pública se encuentra en tratativas con la Fiscalía provincial para acordar una reducción al mínimo de la cantidad de audiencias orales, postergar las que afecten a imputados en libertad y concentrarse en las que tengan a imputados privados de la libertad, con no más de dos acusados, dos litigantes y sin público en la sala. Además, si bien no es el criterio usual de los defensores públicos, en este contexto se intentará propiciar las audiencias por videoconferencia.
