El gobierno daría marcha atrás con la medida anunciada el viernes pasado de sostener el beneficio.
Nacionales14 de septiembre de 2018
Diario PrimiciaLuego de idas y vueltas, marchas y retrocesos, el gobierno nacional finalmente estaría dando de baja la tarifa social eléctrica. La decisión forma parte del ahorro en subsidios del 0,5 por ciento del PBI anunciado por el gobierno nacional la semana pasada.
Se trata de un beneficio que, según la Secretaría de Energía de Santa Fe, afectará a 210.000 usuarios. La polémica que se había desatado tras el primer anuncio, de sacar los beneficios, generó un retroceso en la decisión.
Fue el defensor del Pueblo de Santa Fe quien a través de Twitter comentó: "Según información recibida por nuestra Defensoría del Pueblo, y a pesar del comunicado del Ministerio de Hacienda del viernes pasado, se mantendría la decisión de terminar con la tarifa social para el servicio de energía eléctrica en el 2019".
Y luego agrega: "A los defensores de todo el país nucleados en ADPRA (Asociación Defensores del Pueblo de la República Argentina) nos preocupa esta noticia y estaremos atentos por el gran impacto que esta medida tendría en los sectores más vulnerables".
Pablo Farías, ministro de Gobierno de Santa Fe, ya había anticipado la decisión nacional. Luego del encuentro con el presidente de la Nación, Mauricio Macri, el funcionario provincial confirmó la decisión nacional de mantener no solamente la quita de la tarifa social eléctrica, sino también ratificar la eliminación del Fondo Sojero y de los subsidios al transporte.
El candidato a Convencional Constituyente de Javier Milei en el Departamento Castellanos propone Incluir la causa de las Islas Malvinas en la nueva Constitución.
Cada año se busca concientizar sobre la importancia de ser donante y homenajear a todo el personal de salud que participa de este tipo de procedimientos.
Lo hizo a través de una resolución que publicó en el Boletín Oficial. Además de los haberes mínimo y máximo, se informaron los montos de la PBU y la PUAM
El Partido Socialista (PS) de Santa Fe, a través de su Junta Ejecutiva Provincial, expresa su máxima preocupación ante la decisión del gobierno nacional de designar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pasando por alto al Senado, que es el cuerpo parlamentario que debe darles acuerdo a los jueces del alto tribunal con dos tercios de sus votos.
La diputada provincial socialista Lionella Cattalini expresó su rotundo rechazo a la designación por decreto de Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema, impulsada por el presidente Javier Milei. "Esta imposición es un verdadero escándalo, no sólo por el avasallamiento a la división de poderes y la forma autoritaria de gobernar, sino también porque Lijo es un juez sospechado, acusado de corrupción y de proteger a los corruptos", señaló.
La iniciativa es alentada por un diputado santafesino del PRO y tiene respaldo en el oficialismo. Cómo operaría en el Ejecutivo, el Congreso y la Justicia. Una vieja idea que nunca prosperó.
Se firmó un convenio urbanístico con una firma privada que cedió el terreno y se hará cargo de las obras. Ahora, el Concejo aprobó el acuerdo.
El municipio recibirá $15 millones para ampliar el Centro de Monitoreo Urbano, en una acción articulada con el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe.
El Ministerio de Salud santafesino recordó medidas básicas de prevención y cuidado para estos días en que aumenta el desplazamiento de turistas a localidades, provincias o países donde hay casos y presencia del mosquito que transmite la enfermedad.
A través de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), el Ministerio de Salud Provincial recordó cuidados fundamentales para la compra, conservación y preparación de alimentos a base de pescado.
El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este jueves un encuentro de trabajo para avanzar en los detalles de cómo se proyecta incorporar en la Constitución de la Provincia de Santa Fe la norma de Ficha Limpia, para impedir que accedan a cargos políticos personas que tengan condenas confirmadas por actos de corrupción y otros delitos.