Pasaron tres años desde que la Corte Suprema avaló el aborto no punible, pero aún hay casos en los que el procedimiento es obstaculizado. En Rosario, la subdirectora del Hospital Provincial y los jefes de Ginecología y de Guardia, entre otros profesionales, fuerondenunciadas ante la Justicia por maltratar a una mujer de 22 años con un retraso mental leve que pidió una interrupción de su embarazo en mayo.
Según la presentación, los médicos obstaculizaron el proceso y aplicaron medicación que no estaba indicada y que le causó dolor innecesario a la joven, quien finalmente pudo someterse a la interrupción. “Fueron denunciados por incumplimiento en los deberes de funcionario público y aplicación de vejámenes y tormentos”, dijo su abogada.
En otro caso, en el Hospital Iturraspe, de la ciudad de Santa Fe, el jefe de Ginecología, Samuel Seiref, y los cinco médicos que integran el servicio se negaron a practicar una interrupción a una mujer y se declararon objetores de conciencia, pese a que había pasado un año y medio desde que había cerrado el registro.
En este mismo hospital a una joven de 19 años con cáncer se le impidió interrumpir su embarazo y no le quisieron aplicar tratamiento oncológico para no afectar al bebé. La joven, pobre y con tres hijos, murió, y su bebé falleció a los poco días de nacer. Luego de otro caso en que Seiref se negó a recibir a una mujer que podría haber muerto si no se le practicaba un aborto, al jefe de Ginecología se le pidió la renuncia.
La objeción de conciencia se está utilizando en muchos hospitales del país como forma de obstaculizar los abortos legales. Para combatir esta situación, el Ministerio de Salud estableció que la objeción de conciencia solo servirá como motivo para los casos en que lo haya autorizado la institución médica y si no afecta la disponibilidad de la atención.
