Mirabella vuelve a insistir con penas mayores a quienes provoquen incendios

El Diputado Nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella volvió a presentar un proyecto de ley para aumentar las penas a quienes cometen delitos ambientales.

Provinciales 20 de febrero de 2024 Diario Primicia Diario Primicia
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Es un proyecto que el legislador había presentado en octubre del año 2022 frente a los incendios de los humedales y que hoy vuelve a poner en la agenda legislativa. La propuesta consiste en penar no solo a quienes  tienen intención específica de provocar un incendio, sino a aquellos que incumpliendo normas nacionales, provinciales, municipales queman y generan incendios.

La propuesta de Mirabella implica castigar con mayor severidad los delitos ambientales en el Código Penal, a fin de brindarle al Poder Judicial y al Ministerio Público más herramientas para luchar contra este delito.

“La provocación de incendios en ambientes cada vez más secos implican riesgos que ni la población ni la fauna deben soportar”. “Los humedales son un bien jurídico que debemos proteger tanto por las leyes ambientales como por leyes penales”, enfatizó el Legislador rafaelino.

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El proyecto de ley complementa a la ley de ambiente y de manejo del fuego y busca penar los delitos ambientales de manera más eficiente,  para la lucha contra las quemas en el delta del Paraná.

El legislador incorpora penar con uno a seis años de prisión a quienes, sin autorización, excediendo la que tuviere o infringiendo leyes causaren incendio en bosques nativos o pastizales naturales.  Así como penas de uno a cuatro años de prisión a quien sin autorización o violentando leyes,  causen daño para el ambiente, dañe humedales, lagunas, esteros, cenagales y pantanos o quien altere o elimine cursos o espejos hídricos y extrajere áridos.

Mirabella concluyó “Sin dudas, la tipificación de este tipo de delitos es una asignatura pendiente en materia penal.

Hasta hace no mucho tiempo atrás, la relación con el medio ambiente o la naturaleza se veía desde la perspectiva del derecho de la propiedad. Pero, en el marco de delitos contra la seguridad pública, debemos modernizar la normativa”.

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