Barbijos truchos: confeccionaban y vendían tapabocas falsos con el logo del CONICET

La organización criminal había sido desarticulada a principios de junio último, cuando se detuvieron a cinco personas acusadas por el hecho.

Policiales 02 de julio de 2021 Diario Primicia Diario Primicia
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Tres de los cinco acusados de integrar una banda que confeccionaba y comercializaba barbijos truchos con el logo del CONICET fueron condenados a dos años de prisión por los delitos de estafa, fraude a la administración pública y violación a las medidas adoptadas por las autoridades para impedir la propagación de la pandemia.


La sentencia fue dictada por el magistrado Carlos Aostri, a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas (PCyF) 19 de la Ciudad de Buenos Aires.

Los condenados, además de los dos años de prisión en suspenso, deberán cumplir normas de conducta y responder a los requerimientos judiciales que se les comunique, informó en una gacetilla el Ministerio Público Fiscal porteño.

La resolución, dictada tras un juicio abreviado, pudo realizarse gracias a once allanamientos simultáneos efectuados el 3 de junio en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, que arrojaron como resultado la detención de cinco personas y el decomiso de unos 50.000 barbijos apócrifos, con el estampado falso de la marca Atom-Protect, modelo surgido de un acuerdo entre el CONICET y la Pyme textil Kovi SRL.

En medio de los procedimientos, además fueron confiscadas maquinaria y materia prima para lograr la falsificación. También se secuestraron siete armas de fuego, de uso civil y de guerra, y más de 1.000 municiones.

Intervino en la causa Rolero Santurián, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental, quien llamó a declaración testimonial a la gerenta de la empresa fabricante de los barbijos del CONICET, que se constituyó como denunciante y aportó información respecto de los procedimientos de elaboración y distribución de los productos originales.

El Ministerio Público Fiscal porteño, en el comunicado, destacó que “la decisión judicial representa un precedente jurisprudencial novedoso, porque afirma la competencia penal de la Ciudad de Buenos Aires en plenitud y un avance contra aquellas maniobras ilícitas que afectan en forma directa a la salud pública y el medio ambiente, potenciadas por la actual situación de crisis sanitaria”.

Fuente: Crónica

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