La medida cautelar fue resuelta por el juez Nicolás Stegmayer a partir de un requerimiento de la fiscal Favia Burella. La agresión física fue tal que la mujer se desvaneció. El imputado, que tiene 24 años, también amenazó con el arma de fuego a un tío de la víctima.
Policiales29 de mayo de 2024
Abril Heredia
Quedó en prisión preventiva un hombre de 24 años cuyas iniciales son JFE a quien se investiga por haber agredido físicamente y por haber amenazado con un arma de fuego a su pareja en Sunchales (departamento Castellanos). Así lo ordenó el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Nicolás Stegmayer, a raíz de un pedido de la fiscal Favia Burella en una audiencia que se desarrolló en los tribunales de la ciudad cabecera del departamento Castellanos.
La funcionaria del MPA, que integra la Sección Violencia de Género, Familiar y Sexual (GEFAS) de la Fiscalía Regional 5, también le atribuyó al imputado haber amenazado con el arma de fuego a un tío de la mujer.
Revólver calibre 22
Los ilícitos que investiga Burella fueron cometidos en horas de la noche del lunes 13 de mayo pasado en una vivienda ubicada en calle Chacabuco al 800. “A raíz de una discusión de pareja, el imputado utilizó un revólver calibre 22 corto cargado con siete proyectiles para amenazar de muerte a la mujer”, sostuvo la fiscal, y agregó que “el accionar delictivo fue realizado con pleno conocimiento y voluntad de dañarla”.
Burella relató que “mientras discutían, la mujer intentó llamar desde su teléfono celular a la policía, pero el imputado se lo quitó por la fuerza y la golpeó hasta que ella se desvaneció”. En tal sentido, puntualizó que “como consecuencia de la agresión física, la mujer resultó con lesiones en diferentes partes de su cuerpo”.
“Luego de agarrar sus efectos personales, el imputado se retiró de la vivienda y fue interceptado por el tío de la víctima, quien había ido al lugar para auxiliarla”, informó la fiscal. “En la vereda de la casa, el hombre investigado utilizó nuevamente el arma de fuego, en esta oportunidad, para amenazar al familiar de la mujer”, añadió.
Finalmente, la fiscal informó que “el imputado fue aprehendido por personal policial en el lugar”.
Presunción de peligrosidad procesal
En la audiencia de medidas cautelares, el juez Stegmayer fundamentó oralmente su decisión de que el hombre investigado transite el proceso privado de su libertad. “Hizo lugar a nuestro pedido y en sus argumentos dio por acreditado –con el grado de probabilidad requerido en esta instancia del proceso– la materialidad y autoría del hecho ilícito”, valoró el fiscal, quien también agregó que “el juez sostuvo que las medidas cautelares ofrecidas por la Defensa no eran suficientes para conjurar los peligros procesales”.
Burella puntualizó que “el juez se refirió a la pena en expectativa que le podría caber al imputado en caso de condena, y señaló que por diversos factores sería de cumplimiento efectivo”.
Por último, la fiscal del MPA manifestó que el magistrado consideró que “los peligros procesales están vigentes ya que trata de una víctima vulnerable de un delito de género en el que se utilizó un arma de fuego y se debe proteger el testimonio de ella y de los testigos”.
Calificación penal
Al hombre de 24 años se lo investiga como autor de dos hechos de amenazas calificadas (por el uso de arma); lesiones leves dolosas calificadas (por la relación de pareja y por violencia de género) y portación ilegítima de arma de fuego.
Protagonizaron una persecución de varios kilómetros, disparando contra efectivos y unidades policiales. Uno de los detenidos tenía pedido de captura por una causa de drogas y violencia de género.
El masculino fue identificado como Oscar Ortuño.
Los procedimientos de TOE, PDI y GOT se realizaron en las localidades de Rosario y Alvear, en dónde también se secuestraron armas de fuego, municiones y teléfonos celulares. La causa que tramita el fiscal Socca investiga hechos de incendios y amenazas con el propósito de generar conmoción pública.
Formaron parte una motocicleta y un animal bovino.
Así fue resuelto en segunda instancia por los camaristas Sergio Enrique Alvira, Oscar José Burtnik y Fernando Gentile Bersano. Además, modificaron la calificación legal por la que se impuso la condena. Lo hicieron a raíz de un planteo con perspectiva de género que hizo la fiscal Gabriela Lema, quien tuvo a su cargo la investigación y representó al MPA en todas las instancias judiciales.
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