Diario PrimiciaEl ministro de Seguridad provincial, Maximiliano Pullaro, deberá comparecer el miércoles próximo ante los presidentes de los bloques de la Cámara de Diputados santafesina, que ayer, con acuerdo extendido, resolvieron invitarlo formalmente para que responda consultas sobre las escuchas telefónicas que lo tienen como protagonista. Por su parte, el funcionario evalúa ser querellante en la causa por las intervenciones a su celular oficial.
Pullaro podría desoír la invitación de sus ex colegas de cuerpo, pero pagaría un costo por el desaire. Al fin de cuentas, radicales y socialistas, en la reunión de Labor Parlamentaria encabezada ayer por el presidente del cuerpo, Antonio Bonfatti, prestaron acuerdo para que el ministro se apersone el miércoles, a las 10, en la Cámara baja.
Al respecto, la presión del kirchnerismo y sus aliados, que llevaron adelante la ofensiva política en el cuerpo y se vio fortalecida por la aparición de nuevas escuchas, apuró la invitación, a la que adhirieron socialistas y radicales por igual.
La cuestión, lejos de apaciguar el affaire, podría incentivarlo ya que, tras la convocatoria, ninguno de los diputados se privará de opinar públicamente acerca de lo que diga el funcionario.
A su vez, Pullaro busca salir del centro del debate y procura ser aceptado como querellante en la causa judicial, lo que le daría un costado menos incómodo.
Hasta el miércoles sobrevendrá otro debate acerca de si se autoriza o no a la prensa a presenciar la conversación entre los diputados y el funcionario.
En rigor, es una facultad discrecional del presidente de Diputados habilitar el acceso a los hombres de medios. Y existe una tradición: en la mayoría de este tipo de encuentros se les permitió a los periodistas entrar, pero también hay muchos antecedentes en los que la sensibilidad de la materia a debatir requirió de un hermetismo más cuidado.
La oposición hará del ingreso a la prensa un título de ocasión, reclamando su asistencia en aras de la transparencia y para evitar suspicacia alguna.
De hecho, algunos legisladores ya comenzaron a instalar el reclamo. En tanto, el oficialismo argumentará que la seguridad es una materia harto sensible política, institucional y socialmente que amerita las puertas cerradas.
Una tercera opción estaría dada por generar un debate privado y, en un determinado momento, permitir que ingresen las cámaras y los micrófonos.
Paralelamente, tanto Pullaro como el gobierno provincial están solicitando información sobre la investigación que se le inició al fiscal Roberto Apullán, quien ordenó intervenir el celular del ministro, para evitar —de ese modo— que se sigan difundiendo escuchas telefónicas sobre temas sensibles en seguridad.
En la Casa Gris existe la convicción de que a Pullaro "le armaron" una causa que debía generar impacto electoral y ahora el objetivo está puesto en demostrar esa línea.
Por eso, el gobierno de Miguel Lifschitz busca evitar que se sigan filtrando las restantes escuchas que, según se deslizaron, "podrían tenerlas sectores oscuros de la policía".
Esas intervenciones podrían estar ligadas a temas sensibles para la seguridad o incluir órdenes operativas, algunas referidas al juicio a la banda narco de Los Monos.
El ministro quedó en el ojo de la tormenta tras la revelación de intervenciones telefónicas a su celular ordenadas por la Justicia santafesina, en el marco de la causa que investiga irregularidades en las horas extras policiales (conocidas como Ospe).
El propio gobernador Miguel Lifschitz respaldó públicamente a Pullaro al afirmar que el titular de Seguridad fue víctima de una "operación política" y cuestionar una supuesta arbitrariedad con la que algunos fiscales manejaron las escuchas.
Fuente: La Capital
