Litoral Gas ajustara sus tarifas por orden judicial

Ciudad 24 de septiembre de 2014 Por
La firma no apelará la decisión judicial de frenar el aumento y cobrará el metro cúbico con el precio que tenía antes del 1º de abril.

Litoral Gas aún no fue notificado de la resolución del juez federal que frena el último aumento de la tarifa. "De ser notificados haremos lo que dice la Justicia, pero suponiendo que no podemos facturar con los incrementos, haremos una nueva facturación. Para ello, habrá que readecuar las facturas", indicó el gerente de Relaciones Institucionales de la empresa José González.

La resolución del juez Martín Martínez, a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de San Nicolás, hizo lugar a la demanda colectiva contra el Estado y Litoral Gas presentada por la entidad Usuarios y Consumidores Unidos (UCU), que había solicitado que se declaren inconstitucionales los dictámenes que justificaron las subas de precio a los clientes domiciliarios.

A raíz de esto, se podrá abonar la factura con los costos del metro cúbico, cargo fijo y factura mínima establecidos con anterioridad al 1º de abril de este año. Cabe recordar que la medida judicial no es retroactiva y puede ser apelada a un tribunal de segunda instancia.

"El impacto en las facturas es el mismo, pero al revés que el del aumento. Litoral Gas tiene que refacturar tal como si no existiera el aumento de abril. Se vuelve a los valores anteriores a los de ese mes. Si esta causa avanza, y la Justicia termina diciendo que el aumento fue ilegal en una sentencia, sí se abriría la puerta para algún reintegro colectivo para los usuarios que pagaron esos aumentos", indicó el abogado de UCU, Adrián Bengolea, quien explicó que el fallo suspende el aumento para todos los clientes sin necesidad de que cada uno haga una presentación particular en la Justicia.
"De ser notificados, haremos lo que dicte la Justicia, no nos opondremos. Suponiendo que se establece que no podemos aplicar el aumento, habrá que adecuar la facturación", indicó ayer González.
UCU objetó el aumento basado en dos argumentos: el incumplimiento de las audiencias públicas previas a un retoque tarifario (en este caso la quita de los subsidios osciló entre un 17 y 80 por ciento, lo que empujó las subas en las boletas hasta un 400 por ciento) y no haber informado al consumidor en forma suficiente, como podría ser con las propias facturas a los clientes.

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